Una sola Infancia
La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 instituyó la celebración de un Día Universal el 20 de noviembre. La Convención de los Derechos de la Infancia fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, avanzando en los contenidos de la Declaración de 1959. Los avances de 1989 se centran, sobre todo, en hacer a los Estados firmantes "jurídicamente responsables” de su cumplimiento.
El 20 de noviembre de 2018 recordaremos el Día Universal de la Infancia, en una celebración que se realizará inmersa en un escenario enmarcado por dos situaciones que la condicionan en nuestro país:
La emergencia que está poniendo a prueba los sistemas de atención y protección a la infancia de los que se ha dotado nuestro país: la llegada masiva de adolescentes y jóvenes migrantes, no acompañados.
En 2017 llegaron, según datos oficiales, 2.426 adolescentes y jóvenes. Hasta octubre de 2018 ya son más de 3.500. Repartiéndose geográficamente de forma desigual, con concentraciones importantes en Melilla, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Madrid.(1)
La respuesta de las Comunidades Autónomas para acoger de manera coordinada y equilibrada a esta población (199 plazas comprometidas hasta mediados de octubre), significa una triste demostración de las dificultades para entender solidariamente que las soluciones son de “todo” el país.
La falta de previsión y la lentitud de la respuesta ha llevado a muchas Comunidades Autónomas a colapsar los sistemas de atención habituales (sobre todo a los centros de acogida y residenciales), que no están preparados para atender emergencias y suplir las respuestas que deberían proporcionarse desde sistemas específicos.
Las propuestas del Gobierno del Estado ante esta emergencia han resultado claramente insuficientes (40 millones de € y una reforma del protocolo de acogida).
Los efectos de la crisis económica, y de las respuestas que política e institucionalmente se han articulado, han incidido en los recortes de las políticas sociales y de sus dotaciones (2), perpetuando la violencia estructural en contraposición con la promoción y la mejora del bienestar social.
En los últimos años la pobreza infantil en España se ha incrementado del 27'3% en 2008 al 29'7% en 2016.
La pobreza severa, también se ha agravado y actualmente afecta a 1'3 millones de niños y niñas, un 16%, casi cuatro puntos más que ocho años atrás
.
Los presupuestos de 2018, contemplan una partida de 349 millones de € (cuando se habían comprometido 1.540 millones de € en el acuerdo entre Ciudadanos y PP). (3)
Todo esto provoca una agudización de la división entre infancias, generando categorías de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con distintas posibilidades de acceso a los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tienen todos y todas, fragilizando las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de esos colectivos específicos.
Ante esta situación el
Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (
CGCEES):
1. Solicita al Gobierno del Estado que se garanticen vías de acceso a la protección que todos/as los/as niños, niñas, adolescentes y jóvenes merecen, independientemente de su procedencia o ubicación social, dando así cumplimiento a lo recogido en la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989. Es necesario un compromiso presupuestario adecuado y realista en la respuesta a las nuevas llegadas y ante la pobreza.
2. Denuncia la imprevisión, descoordinación y falta de solidaridad manifestada en la emergencia de nuevas llegadas, por parte de todas las administraciones implicadas.
3. Insta a las Comunidades Autónomas (depositarias de las competencias de atención y protección a la infancia) a realizar un esfuerzo solidario para proporcionar una salida equilibrada y coordinada, de calidad y pública, a la emergencia que significan las nuevas llegadas.
4. Recuerda un principio que nunca debería olvidarse en la acción e intervención social y educativa: “a situaciones extraordinarias, respuestas extraordinarias”, programadas adecuadamente, con recursos suficientes y en colaboración con todos los agentes sociales, sean estas de ámbito migratorio (nuevas llegadas) o estructural (aumento de las desigualdades y de la pobreza). Utilizar los recursos normalizados para dar respuesta a emergencias lleva siempre al colapso de las redes y de los sistemas de solidaridad social.
5. Insta a todas las instituciones implicadas a implantar medidas de codesarrollo en los países de origen, potenciando las líneas de cooperación internacional.
6. Manifiesta su reconocimiento y apoyo a las entidades, redes de entidades y a todos y todas los/las profesionales del ámbito social y educativo que están demostrando con su compromiso un nivel de implicación mucho más alto de lo exigible, convirtiéndose en muchos casos en la única garantía de continuidad de los recursos asistenciales en los que desarrollan su tarea.
El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES se compromete a apoyar y colaborar, para eliminar la división de las infancias, con cualquiera de las administraciones implicadas y con las entidades y redes de entidades que trabajan en las respuestas sociales solidarias de atención a la infancia.
Noviembre de 2018
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1 Ver
https://www.eldiario.es/desalambre/comunidades_autonomas_0_816118706.html 2 Ver: informe
El Estado de la Pobreza. España 2017, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
3 Ver
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-ong-denuncian-recorte-1200-millonespobreza-infantil-subida-insignificante-ayuda-desarrollo-20180403191525.html
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