El Orgullo y las acciones comunitarias, todo ayuda

Foto: Pasos de peatones pintados, Plaza Mayor de Cacabelos (El Bierzo)

Se cuenta que en la plaza Mayor de un pueblo de la aldea global que es la Tierra, se pintó un banco con los colores de la bandera arcoíris, que representa la diversidad sexual y de género. En la primera hora de la mañana sentada en el banco esta alguien, pasados unos minutos, se le acerca el otro o la otra, y le dice, ese es el banco del los maricones, le contesta, no, es el banco del que piensa que “el amor es universal y que no importa el sexo ni el  género”. Dicen que la otra persona agachó la cabeza y se le vio dar la vuelta por la esquina.

El 28 de junio de 2019 es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, 50 años después de los disturbios surgido en el pub Stonewall del en el barrio de Greenwich Village (Manhattan, Nueva York, EE. UU.), en el que un grupo de hombre y mujeres homosexuales respondieron por primera vez a la policía por vulnerar sus derechos, se sigue reivindicando este Orgullo por la marginación que sufre este colectivo en la actualidad.

Según la “Wikipedia”, la noción básica del «orgullo LGTBIQ+» reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su sexo o identidad sexoafectiva. Desde un punto de vista lingüístico, el término «orgullo» designa 'el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración'. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectado por su conducta u orientación sexual. En este sentido, un concepto equivalente sería hablar de «dignidad LGTBIQ+».

El Día del Orgullo LGBTBIQ+ adquiere un especial protagonismo en España, teniendo en cuenta que se celebra en Madrid el “Worldpride 2017”, popularmente conocido como Orgullo Mundial, un evento fundado por Paul Stenson y organizado por la asociación InterPride para promover la visibilidad y la defensa de los derechos sociales de las personas LGTBIQ+.

El Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTIQ+, compuesto por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans,Bisexuales y + (FELGTB), COGAM, Colectivo LGTBIQ+ de Madrid y la Asociación de Empresas y Profesionales para el colectivo LGTBI de Madrid (AEGAL), ha decidido celebrar el Orgullo Estatal LGTBIQ+de manera virtual entre el 1 y 5 de julio, fechas previstas antes de la crisis del Covid-19. Además, realizarán acciones online el día 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI.

En un primer momento, el Comité resolvió aplazar el evento, pero ante la perspectiva que se presenta en los próximos meses y fruto de nuestro compromiso con la salud y la seguridad de la ciudadanía se ha decidido adaptar el Orgullo a las nuevas tecnologías y realizarlo de forma online en las fechas inicialmente previstas. 

El Orgullo Estatal quiere homenajear a toda la ciudadanía y trasladar un mensaje global de fuerza, apoyo, visibilidad y esperanza, especialmente, a todas las personas del colectivo LGTBIQ+ que más están sufriendo esta emergencia socio-sanitaria actual.

(MADO,20, web oficial, Madrid Orgullo 2020)

Si la educación para la diversidad sexual y de género está siendo un pilar fundamental para cambiar, no lo es menos todas aquellas acciones con y para la comunidad y que dentro de lo que llamamos la educación no-formal, muestran un gran protagonismo en nuestra sociedad para luchar contra la desigualdad, la intolerancia y la injusticia.  

Así este año se ha visto la campaña de Correos que puso en circulación un sello conmemorativo con los colores arcoíris que lleva un recuerdo del Pasaje Begoña, una calle en Torremolinos considerada el Stonewall español y cuyos locales se convirtieron durante el franquismo en un lugar de refugio para la comunidad LGTBIQ+. En 2019 este lugar fue declarado Lugar de Memoria Histórica y cuna de los Derechos y Libertades LGTBI.

En esto días tanto la bandera arcoíris, así  como pancartas, cuelgan de los diferentes edificios públicos, mostrando que la diversidad sexual de género existe y es una realidad, haciendo camino hacia una sociedad inclusiva en la que nadie se sienta estar fuera.

En el pueblo de Villanueva de Algaidas (Málaga), ante la orden de no colgar del balcón del Ayuntamiento otras banderas que no sean las constitucionales, el pueblo se llenó con más de 400 banderas arcoíris en las fachas de las casas y calles.

Surgen farolas pintadas con los colores arcoíris, bancos, pasos de peatones, fachadas,…., y la gente lleva camisetas, gorras, pulseras, pegatinas y todo un alarde de distintivos que no nos deja indiferentes.  

Sentimos que se ha hecho mucho, que en pocos años se ha llegado muy lejos, pero sigue habiendo personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales son aún perseguidas en muchos países por el mero hecho de serlo. Así que por ellos y ellas, también por aquellos y aquellas que están más cerca, todo los que se pueda hacer es poco. 

“He tenido que luchar para ser yo misma y para ser respetada. ¿Cómo se puede juzgar a una persona que ha nacido así? No estudié para ser una lesbiana. Nadie te enseña esto, yo nací de esta manera y lo soy desde el momento en el que abrí los ojos”.

(Chavela Vargas)

Samuel N.P.

De quién nos protege la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia?

MARTA SURIA VÁZQUEZ

Marta Suria-Vázquez es el seudónimo bajo el cual la escritora publicó su testimonio de abuso sexual en la infancia 'Ella Soy Yo' en Octubre del 2019.

Públicado en Público, 26/6/2020, foto: Público. 

Como otras víctimas y supervivientes de violencia sexual esperaba con expectación la presentación de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia. Llegó tarde para mí, no me va a proteger de mi padre ni va a cambiar el resultado judicial: la absolución. Pero, la ley está a tiempo de proteger el presente y el futuro, y de remendar las heridas supurantes de silencio colectivo. Este proyecto de ley es un avance importantísimo aunque quede aún mucho trabajo urgente por hacer. El mismo día de la presentación de Pablo Iglesias, varias asociaciones, ONGs, expertos, expertas e incluso la Comisión de Derechos del Niño de Naciones Unidas  se pronunciaron sobre las carencias notorias y mejoras necesarias. El vicepresidente se comprometió a optimizarla durante el trámite parlamentario. Hoy, sin embargo, quiero detenerme sobre el lenguaje utilizado, que no sólo nos permite describir la realidad, sino que la crea. Para avanzar se necesita un marco legal, pero también una revisión profunda del relato, de cómo miramos, afrontamos y nombramos la violencia. Específicamente la sexual.

La comparecencia del vicepresidente fue un reflejo de la incomodidad de la sociedad para hablar de la violencia ejercida contra los cuerpos que más queremos. Quienes las hemos sufrido sabemos lo difícil que es enfrentarse a las palabras que las nombran. Quizás eso explique que Pablo Iglesias empezara su discurso haciendo alusión a la ficción, a la película El Bola. La película retrata las palizas, vejaciones, el maltrato salvaje a los que el Bola es sometido por parte de su padre; el dominio y poder que ejerce sobre el cuerpo de su hijo. Tal vez hubiese sido más difícil hablar del padre detenido en Gran Canaria por abusar, violar y grabar en video a su propia hija y a una amiga de ella.

De quién nos protege esta ley? Iglesias nos habló de violencia abstracta tanto en su referencia a la ficción como a la realidad. Compartió cifras devastadoras que la exhiben sin agresores, poniendo el foco siempre en las víctimas. Haciendo de ésta una cualidad de la infancia. Yo misma caigo en esa trampa, en la del lenguaje patriarcal que se cuela entre las cifras. Por ejemplo, según un estudio del Consejo de Europa (que el vicepresidente no compartió): se estima que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual. En un aula de 20 estudiantes (desde primaria hasta el bachillerato), 5 están siendo víctimas de agresiones y violaciones. Es decir, aunque no lo decimos, que dentro de cada aula tenemos a 5 agresores. Multipliquemos esta cifra por todas las aulas de este país y pensemos que hasta el 85% de éstos son familiares – padres, tíos, primos, hermanos, abuelos…- y en menor medida personas cercanas – profesores, entrenadores, …- Sí, entre el 86% y el 90% de los agresores son hombres queridos, de confianza. Para esta macabra y compleja realidad, trasversal, necesitamos una ley. Hoy tenemos un anteproyecto aprobado que dice tener como objetivo un nuevo "paradigma de protección" pero sin nombrar al que agrede, sin mencionar la palabra intrafamiliar. La familia: el intocable núcleo de la sociedad, más allá de las leyes. Además, si la única solución para hacerle frente es la vía penal, ¿no corremos el riesgo de inducir a una mayor opacidad y protección del espacio privado?

"Invisibilizada" es una de las palabras más usadas (también por Pablo Iglesias) en relación a la violencia sexual porque se estima que tan sólo conocemos el 15% de los casos. Aún así, ¿por qué no se ha puesto en marcha ninguna campaña estatal para proteger a niños, niñas y adolescentes confinados en casa con sus agresores? Sólo podremos acabar con la violencia señalando a los agresores. Y sólo acabaremos con la invisibilización señalando a quién la ejerce y dando voz a lo que sí existe pero ocultamos: las denuncias, los informes y testimonios. El silencio institucional, mediático y social sostienen la impunidad.

La violencia sexual intrafamiliar cuando no se oculta, se minimiza, se blanquea. En su gran mayoría, las noticias aparecen en las secciones de sucesos, como casos aislados, con un uso del lenguaje que agrede, violenta, humilla y perjudica. Las historias se reducen a estadísticas sin vida, donde se denomina "hombre" al padre, abuelo, primo, tío o se habla de embarazo como el resultado de un "abuso". La perversión del lenguaje también es violencia, en este caso mediática. Nada de lo que digo es nuevo. Cuestionar el lenguaje y la narración ha sido parte fundamental de la revolución feminista. No nos olvidemos de la infancia y de la adolescencia.

El vicepresidente insistió en que lo importante es acabar con la impunidad. Palabras riesgosas. Papel mojado si no se traducen en medidas concretas. ¿Qué mensaje contiene una ley que prescribe la violación a menores ignorando que la media de edad de los y las denunciantes es de 44 años? La ley alarga los plazos de prescripción (para los casos más graves) a partir de los 30 años -y no los 40, tal y como pedían las asociaciones. En países como Reino Unido, Irlanda, Australia, Canadá y Argentina los delitos no prescriben. ¿Son compatibles la prescripción de delitos y la no impunidad? No se trata de punitivismo, sino de revelar la verdad, de reconocimiento colectivo y de reparación individual.

El vicepresidente explicó el "problema de la revictimización", refiriéndose al calvario judicial (esta expresión es mía): tener que explicar una y otra vez, a lo que te han sometido bajo miradas sospechosas, enjuiciadoras de policía, abogados, peritos y jueces.  Yo tuve que declarar hasta en 6 ocasiones, 3 de ellas en una habitación con 4 peritos sin cámaras ni testigos. Aguanté la humillación con 33 años. No quiero ni imaginarme si hubiera tenido que pasar por lo mismo con 8. De los y las menores que lo consiguen, el 70% de los casos quedan archivados. No nos creen. No nos quieren creer. Dolor y sangre guardados en el cajón del olvido de un juzgado. Sin la aprobación de la autoridad no hay amparo ni recursos para todos los años de tratamientos psicológicos para paliar las graves secuelas del trauma. Revictimización es una manera de no decir lo que realmente sucede: violencia y abandono institucional. Violencia naturalizada y legitimada que queda completamente impune y a la que se somete por igual a denunciantes menores como adultas.

La ley propone proteger de esta violencia a las y los menores de 14 años, mediante la llamada prueba preconstituida, es decir, que la víctima podrá narrar solo una vez lo que ha sufrido y su declaración se grabará y será utilizada durante todo el procedimiento. En caso de que esta práctica sea obligatoria (y no recomendada como hasta ahora) sin lugar a dudas es una medida extraordinaria. El problema es que a partir de los 14 seguirán siendo sometidas a la brutalidad institucional. De nada o poco sirve alargar los plazos o la obligatoriedad a denunciar por parte de cualquier ciudadano (otra de las medidas "estrella") si no extirpamos el cuestionamiento sistemático de los juzgados. Cierto es que la ley incluye la formación de los y las profesionales de este ámbito. Pero ¿es sólo una cuestión de formación, larga o corta? ¿Cuántas más vidas van a ser gratuitamente apaleadas por las instituciones? Tardamos tantos años en denunciar no solo por miedo al sistema. Eso llega mucho después. Lo que nos invade es el terror visceral a recuperar una memoria traumática. Nos atormenta la vergüenza y la culpa que nos impregna una sociedad machista obstinada en hacernos creer que no existe el agresor, como si exageráramos o inventáramos o que no se protegió lo suficiente. Una sociedad que castiga a la que señala.

El vicepresidente pidió perdón a niños, niñas y adolescentes "por lo que les sucedió" y compartió el deseo de que sus historias "sirvan". Personalmente no necesito perdones, sino justicia. Para que las historias "sirvan" primero tenemos que comprender que la violencia no se conjuga en pasado sino que es un eterno presente en los cuerpos. Para que las historias "sirvan" primero hay que nombrarlas, reconocerlas. Escuchar sus historias sin cortes, sin silencios, sin eufemismos.

La violencia sexual intrafamiliar en la infancia y la adolescencia es salvaje, estructural y sistemática. Como sociedad no podemos caer de nuevo en la trampa de pensar que una ley le va a poner fin después de siglos de impunidad. Más allá del compromiso político y una asignación de presupuestos, para que la ley sea efectiva, primero hay que trasgredir otra, la de la protección suprema al corazón del patriarcado: la familia. Y para ello, el silencio debe ser trasgredido colectivamente. Llamar a las cosas por su nombre, tramitar y mejorar una ley de manera urgente acorde con una realidad que no admite versiones ni relatos, sólo la verdad. Si no, corremos el riesgo de que esta ley no aborde ni el lenguaje, ni las formas, ni las estructuras. Machacándonos y silenciándonos de nuevo.

«Haydee y el pez volador»

PUBLICADO POR: CINE Y LITERATURA 21 OCTUBRE, 2019

«Haydee y el pez volador»: Se estrena el documental que registra la historia judicial de la primera condena por torturas aplicadas a una mujer embarazada en Chile.

Dirigido por la realizadora nacional Pachi Bustos, el título es el relato audiovisual sobre Haydee Oberreuter, una ciudadana que tras 40 años logró llevar a la justicia a miembros de la Marina local, a causa de los apremios ilegales que sufrió por parte de éstos, luego del Golpe de Estado de 1973. El largometraje de no ficción se estrenará el próximo jueves 7 de noviembre en las salas cinematográficas del país.

Luego de un aclamado estreno internacional en Hot Docs, el Festival de Documentales de Canadá (el más importante de América del Norte), donde fue uno de los 20 documentales más votados por el público; y de su pre estreno en Sanfic, el jueves 7 de noviembre llega a salas nacionales a través de Miradoc el documental Haydee y el pez volador (2019), dirigido por Pachi Bustos y producido por Errante.

En 2016, después de diez años de tramitaciones y en lo que se considera un juicio histórico, por primera vez la Corte Suprema dictó sentencia contra cuatro ex agentes de la Armada responsables de las torturas y de la muerte del hijo de Haydee Oberreuter (65), detenida en 1975 con 21 años y cuatro meses de embarazo, junto a su madre y a su hija de un año y medio. «La historia de Haydee, su fuerza, su convicción y compromiso, también nos muestran cómo la resiliencia, el cariño y las redes son herramientas fundamentales para resistir y avanzar en el camino de justicia”, cuenta la directora. “Me impactó su actitud de vida, su fortaleza y su energía. Su sentido de verdad y justicia”, explica la realizadora Pachi Bustos (Cuentos sobre el futuro, Actores secundarios, Ángeles negros).

Haydee es la protagonista de este documental, que mezcla grabaciones del presente con fotografías fijas para potenciar el lirismo de una historia conmovedora. Haydee revisita su pasado como porteña y ferviente admiradora de la cultura marítima que impera en la ciudad. La realizadora sigue su historia, y a través del relato retrata las heridas físicas y emocionales de una mujer empoderada, que siguió con su vida pese a los atroces sucesos que le tocó vivir.

“En las exhibiciones de festivales vimos el impacto que produjo en las personas en general, en los sobrevivientes en particular y sobre todo en mujeres que pasaron por experiencias similares y nunca han contado su historia. Se sienten reconocidas en la historia de Haydee, dignificadas y por primera vez muchas están hablando sobre lo que vivieron, lo que contribuye a la reparación aunque sea mínimamente”, cuenta Bustos. 

La sensibilidad del azar

Este documental es también la historia de personas que lograron lo que parecía imposible: la periodista Alejandra Matus publicó un reportaje para revelar la historia; Vicente Bárzana, abogado, fortuitamente lo leyó y conmovido presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad; y el juez Alejandro Solís, desafiando la ausencia de una ley que tipificaba la tortura, desestimó cualquier prescripción y sometió a proceso a cuatro ex funcionarios de la Armada.

“Como dice Haydee, esta historia se tejió con hilos de oro. Convergen en ella una serie de situaciones improbables, que permitieron la primera condena por torturas contra una mujer embarazada en Chile, la primera condena contra agentes de la Armada y además un caso único por su carácter transgeneracional, pues afectó a una mujer, su madre, su hija de 2 años y su hijo en gestación”, explica la directora.

Tras su estreno nacional, Bustos espera que la película ayude a ser más conscientes con temas que han sido invisibilizados. “El aborto forzado, la memoria del dolor que acompaña a los sobrevivientes de prisión política y tortura, y la batalla por la justicia, la verdad y la dignidad que siguen dando miles de luchadores sociales y que nuestro país no ha reconocido”.

Haydee y el pez volador estará de Arica a Punta Arenas a partir del próximo jueves 7 de noviembre y tendrá cineforos protagonizados por la misma Haydee Oberreuter.

El argumento

Haydee lleva cuarenta años luchando por la justicia y los Derechos Humanos en Chile, pero hoy enfrenta su batalla más personal: un largo juicio definirá la condena para sus torturadores y asesinos del hijo que llevaba en su vientre al momento de su detención. En el camino, problemas de salud traerán a su memoria sus días más oscuros.

Ficha técnica:

Dirección: Pachi Bustos.

Producción: Paola Castillo.

Coproductor: Belisario Franca.

Montaje: Titi Viera – Gallo.

Dirección de fotografía: Pablo Valdés.

Fotografía fija: Michelle Bossy.

Sonido: Romina Núñez.

Guión: Pachi Bustos – Paola Castillo.

Casa productora: Errante Producciones.

Post-Producción de imagen: Afinal – Brasil.

Post-Producción de sonido: Audiorama – Brasil.

Duración: 76 minutos.

La crisis del Covid-19 en las personas refugiadas, ellas también han sido olvidadas.

Hoy es 20 de junio, DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS, pero lo de los días mundiales sirve para algo, o es para ocupar los informativos de los telediarios. La ONU hace referencia a los DÍAS MUNDIALES como esos momentos que nos dan la oportunidad de sensibilizar al público en general sobre temas de gran interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación y los Gobiernos para dar a conocer problemas sin resolver que precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas.

Este 20 de junio coincide con la firma de la Convención sobre el Estatuto de las Personas Refugiadas del año 1951. Se aprobó después de la Segunda Guerra Mundial y el 4 de diciembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió dedicar la fecha a las personas que habían tenido que huir de sus casas porque en sus países peligraban sus vidas. El Estatuto de las Personas Refugiadas es un documento oficial que defiende unos derechos de estas personas y establecer una serie de obligaciones que los países deben cumplir para protegerlos. En el mundo, 145 países han firmado la Convención.

La Convención de 1951, que define quien es una persona refugiada, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, una persona  refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por personas refugiadas que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad. (Página web ONU).

Si hablar de personas refugiadas es hacer referencia a violencia, hambre, guerras, persecuciones, diversidad sexual y de género, desastres naturales, esta vez se añade un premisa más, el Covid-19, que penetra sigiloso en esta población doblemente en situación de vulnerabilidad, por su hacinamiento y falta de medidas higiénicas, a lo que hay que añadir también la extrema pobreza, escasez del agua y también la falta infraestructuras de salud.

La situación en los campos de personas refugiadas es caótica, los ha sido siempre, pero ahora con esta pandemia muchos más. Por poner un ejemplo, el campo de Moria (Grecia), situado en la isla de Alepo, está destinado para 3000 personas, ahora están viviendo 20.000. La realidad es que respetar la distancia de seguridad es imposible. Otra de las poblaciones refugiadas que están al borde del precipicio, son las pertenecientes a las etnia “rohingya”, que son más de 860.000 los que viven en el campo de Cox,s Bazar, y que según ACNUR la densidad de población de dicho campo es 40 veces superior a la del promedio de Bangladesh. Faltan espacios para aislar a las personas con el virus, material médico para el tratamiento, test de pruebas, elementos para la desinfección,…, por decir algo, falta de todo.

A todo esto hay que añadir el cierre de fronteras de muchos países, lo que está impidiendo que las personas refugiadas lleguen a lugares más seguros y con mínimos que les ayuden a sobrevivir, están quedando en tierra de nadie, con un aumento considerable de la propia violencia de género y los abusos a menores.  

Tenemos que hacer referencia a la población que todavía su vulnerabilidad es más extrema, los menores, y que según UNICEF dice que no estamos hablando de una cifra reducida de personas. En la actualidad hay 31 millones de menores que han tenido que abandonar sus hogares. De ellos, 17 millones son desplazados internos, 12,7 millones son refugiados y 1,1 millones son solicitantes de asilo. Todos ellos necesitan algún tipo de asistencia. La mayoría no pueden permitirse el lujo de llamar a un médico cuando se enferman, de lavarse las manos cada vez que lo necesiten o de poner en práctica el distanciamiento social para frenar la transmisión de la enfermedad.

Pero dentro de esta situación de angustia y desesperación, también hay pequeños acciones de solidaridad entre las propias personas refugiadas. Así podemos de hablar del caso de Zeinabou que accedió a un programa de formación en sastrería de ACNUR en Níger después de huir de Mali. Ahora trabaja en una tienda de costura y se dedica a la elaboración de mascarillas para las personas refugiadas.  

“La grandeza humana no reside en el dinero o el poder, sino en el carácter y la bondad”. Ana Frank, escritora y refugiada de la II Guerra Mundial.

Samuel N. P. 

                                       

Día Mundial de las Personas Refugiadas, 20 de junio de 2020

20 de junio. Día Mundial de las personas refugiadas.

Con motivo del DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS, que se conmemora el 20 de junio, el CGCEES ha creado el hashtag #EdusoESAcogida para visibilizar en las redes sociales las aportaciones de la Educación Social.

https://www.un.org/es/observances/refugee-day

Educadores y Educadoras Sociales en el ámbito escolar, ya no es cuestión de tiempo, llega la Ley Rhodes.

Ley Rhodes, así se llamará la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ha sido aprobada el martes 9 de junio de 2020 por el Consejo de Ministros. La ley toma el nombre de James Rhodes, pianista británico residente en España desde 2017 y que sufrió abusos sexuales de pequeño. Rhodes se ha convertido en uno de los mayores activistas contra los abusos sexuales en la infancia y en uno grandes defensores de los derechos de los niños y las niñas.

James Edward Rhodes nació en una familia judía de clase alta en St. John's Wood, en el norte de Londres. Estudió en el Arnold House School, un colegio privado para chicos donde sufrió abusos sexuales por parte de su profesor de educación física, el cual falleció antes del juicio. En esta situación Rhodes sufrió tanto mental como físicamente, lo cual le produjo un desorden alimenticio, daños en su columna vertebral y trastorno por estrés postraumático (TEPT), según recoge su biografía en la wikipedia.​ 

No es que el debate surja en estos momentos con la figura del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección Social en el Anteproyecto  de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia, es una tema que siempre ha estado sobre la mesa, hay un vacío en los centros educativos en relación a los equipos multidisciplinares, también llamados equipos de orientación, o ese vacío se ha cubierto con profesionales que sin quitarles su plena voluntad de realizar su trabajo los mejor posible, carecen de una formación adecuada para el perfil que se debe exigir. Las cuentas salen, no las económicas, en los centros educativos donde existe la figura del Educador o Educadora Social, los planteamientos, las estrategias y la metodología de intervención, son diferentes y con resultados más óptimos de las de aquellos que no la tienen.

El Consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia y en el Capítulo IV, cuando se habla del ámbito educativo (artículos 27 a 33), en el que se establece el deber de fomentar una escuela segura y libre de violencia, aparece la figura del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección  Social.

El artículo 29 del Anteproyecto impone a todos los centros educativos, tanto público como privados, la obligación de contar con un Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección del alumnado, entre cuyas funciones básicas, sin ánimo de exhaustividad, son:

-          . Promover planes de formación y promoción de la cultura del buen trato dirigidos tanto al personal como a los progenitores de los alumnos

-      . Fomentar las valoraciones de riesgos entre los responsables de las actividades complementarias y extraescolares así como coordinar los casos que requieran intervención por parte de los servicios sociales e informar a las autoridades competentes, en caso de necesidad.

-         . Fomentar el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos o informar al personal sobre los protocolos existentes en esta materia, como la mediación escolar.

Ahora surgen las indecisiones, el Anteproyecto de Ley no dice nada de que profesionales tienen el perfil para ser Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección Social, lo deja en manos de las Administraciones Educativas de cada Comunidad. Nadie tiene la duda que a la hora de operar, el cirujano o cirujana que toma la responsabilidad no tenga que ser otro profesional que un médico o médica. Pero por qué existen tantas incógnitas en establecer que el desarrollo de las funciones del Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección Social tienen que ser profesionales diferentes a los que se han formado en Educación Social, pues está claro, no se conoce la profesión ni sus competencias, o es qué hay otros intereses, dejo la pregunta en el aire por si alguien conoce la respuesta.  

No es el momento de negar la evidencia, y es necesario ser prácticos. Educación Social, es un derecho de la ciudadanía, la infancia y la adolescencia también son ciudadanía, uno de los ejes en que se sostiene, el otro, ser una profesión de carácter pedagógico. “Educación”, lleva ese nombre ya que se nutre de diversas disciplinas como la pedagogía, psicología, sociología, didáctica, etc, “Social”, su apellido, por su contexto en intervenciones socio-educativas con personas, familiares, grupales y la propia comunidad.  

En cuanto a las competencias básicas de los y las profesionales de la Educación Social les convierte en que son ellos y ellas lo que tendrán que ocupar el lugar de la figura de Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección Social en los Centros Escolares, no hay duda, si hay alguna que se lo pregunten a la Universidades en las que se estudia esta profesión o al Consejo General de Colegios Profesionales de Educadores y Educadoras Sociales.

James Edward Rhodes, pianista, dice “hay ochenta y ocho teclas en un piano y, dentro de ellas, un universo entero».

Samuel N.P. 

Posicionamiento del CGCEES sobre la próxima Ley Rhodes y la necesidad de Educadores y Educadoras Sociales en los centros educativos

COMUNICADO

A partir del conocimiento de que el Gobierno aprobará el próximo 9 de junio la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (conocida como “Ley Rhodes”), debido a la importancia y alcance de dicha normativa, desde el Consejo Estatal de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) queremos manifestar las siguientes reflexiones, propuestas y consideraciones en relación con el contenido de dicha ley.

Como órgano comprometido con el pleno desarrollo de la infancia y la juventud, apoyamos la iniciativa de legislar y regular de forma que tanto las y los menores vean protegidos y promocionados sus derechos en un aspecto tan sensible e importante como es el tema de la violencia hacia la infancia. Compartimos por tanto los aspectos fundamentales de esta normativa como son el hecho de fortalecer el interés superior del niño y la niña, el abordaje de nuevas formas de violencia hacia la infancia, la consideración de su abordaje de forma integral desde el sistema educativo, los servicios sociales, sanitarios y judiciales.

No obstante, tras el análisis del contenido de esta ley, consideramos que se deben incluir algunas mejoras como son la inclusión de educadoras y educadores sociales en los centros educativos que asuman la figura de coordinador/a de bienestar y protección, así como el desarrollo de programas de prevención del acoso y la violencia escolar y el absentismo y el abandono escolar como espacios de acción con menores y alumnado en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

El pasado mes de noviembre de 2018, el Consejo General de colegios de Educadoras y Educadores Sociales, remitió al Gobierno un escrito con consideraciones profesionales preliminares para abordar una propuesta, desde la perspectiva de la Educación Social, en la futura Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia , enmarcada en la etapa de consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley. En este escrito, se recogía la necesidad de regular las profesiones que trabajan con infancia y adolescencia para la inclusión de expertas/os y especialistas en los ámbitos contemplados en dicha normativa solicitando que conste de forma expresa que corresponde a las/os Graduadas/os en Educación Social la valoración, intervención y emisión de informes sobre los aspectos socio-educativos en intervención con menores.

Además, en esta petición, se incluía expresamente la necesidad de que todos los centros educativos deben contar con educadoras/es sociales, cuya función será la detección, la implementación de programas de sensibilización, la implementación de programas de prevención con toda la comunidad educativa y la derivación de casos cuando proceda. Para ello.

Por otro lado, a raíz del proceso de consulta pública del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), el CGCEES elaboró y remitió a todos los grupos políticos un informe-petición detallado sobre la necesidad de que los centros de educación obligatoria incorporen a educadoras y educadores sociales. Esta petición, responde a la necesidad de los centros educativos de atender diferentes problemáticas sociales como son: 

• El acoso y la violencia escolar. 
• La acción socioeducativa con alumnado en situación de riesgo de exclusión social. 
• La acción socioeducativa para la prevención del absentismo y el abandono escolar.

La actuación en las 5 Comunidades Autónomas donde se cuenta con educadoras y educadores sociales en los centros educativos (Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias), han dado resultados muy positivos en estas áreas por lo que consideramos que su desarrollo debe generalizarse al conjunto del Territorio del Ministerio de Educación y Formación Profesional, evitando así la vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución al no ofrecer los mismos recursos y garantías de desarrollo personal y social de todas y todos los alumnos del sistema educativo.

Respecto a la figura de coordinador o coordinadora de bienestar y protección, consideramos que se trata de una figura que debe ser desarrollada por educadoras y educadores sociales. Las funciones recogidas en el artículo 29, sobre el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, están siendo asumidas por educadoras/es sociales en aquellas comunidades donde se cuenta con esta figura en los centros educativos, como son la formación y el asesoramiento al profesorado sobre prevención, detección y protección de niños, niñas y adolescentes, la coordinación con los servicios sociales de acuerdo a los protocolos, el fomento de métodos alternativos a la resolución pacífica de conflictos, la información y asesoramiento al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de maltrato hacia la infancia y el desarrollo de programas dirigidos al fomento del respeto a las/os alumnas/os con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.

Aspectos como la atención a la infancia vulnerable, el maltrato infantil y juvenil, el acoso, la victimización primaria y secundaria deben ser atendidos por expertas/os y especialistas cualificados para el desarrollo de estas funciones socioeducativas que requieren del abordaje de situaciones complejas con un alto grado de complejidad y especialización. Además, uno de los principales problemas del sistema educativo es la sobrecarga del profesorado, por lo que consideramos que esta función debe ser abordada por un profesional con formación y funciones expresas que permitan el desarrollo de acciones socioeducativas que den la respuesta adecuada a la necesidad de actuación sobre el bienestar de las y los menores en situación de riesgo y vulnerabilidad.

Desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, instamos por tanto al Consejo de Ministros a la Consideración de la inclusión de educadoras y educadores sociales en todos los centros educativos, asignándoles la función de coordinador/a de bienestar y protección descritas en el Proyecto de Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, así como a su inclusión en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), permitiendo así el desarrollo de un sistema educativo que garantice la protección y el desarrollo integral de la infancia a través del sistema educativo como pilar básico del Estado de Bienestar.

Ingreso Mínimo Vital: qué es y cómo se solicita y quién puede cobrarlo

Información web de RTVE

El Gobierno ha aprobado en el último Consejo de Ministros del mes de mayo el ingreso mínimo vital, una prestación para los hogares más vulnerables. Cumple así in extremis un compromiso del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos pese al tira y afloja entre ambos socios. El presidente Pedro Sánchez reiteró que la renta mínima se podrá empezar a cobrar en junio y llegará a unos 850.000 hogares. Los detalles se han publicado en el BOE (en pdf) y este lunes entra en vigor (1 de junio de 2020). 

¿Qué es la renta mínima?

Su nombre oficial es Ingreso Mínimo Vital (IMV) y se trata de una prestación mensual para los hogares en riesgo de pobreza que corre a cargo de la Seguridad Social. El Ministerio aclara que la medida "se suma a nuestro sistema de protección social y no será una medida transitoria". El IMV cubrirá la diferencia entre los ingresos familiares (incluidos salarios) y el umbral fijado para ese tipo de hogar denominado "renta garantizada".

¿Qué importe tiene?

La cuantía de la renta mínima oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares de cinco miembros dos adultos con tres hijos o tres adultos y dos niños. La cuantía inicial se amplía en 139 euros por persona adicional. En el caso de las familias monoparentales se les garantiza una renta de entre 700 y 977 euros, dependiendo del número de hijos. Estos hogares tienen un complemento de 100 euros. Para el ejercicio 2020, la cuantía anual de renta garantizada en el caso de un beneficiario individual asciende a 5.538 euros.

¿A cuántos hogares beneficiará?

El Gobierno hizo una estimación inicial de un millón de hogares que luego rebajó a 850.000 en los que viven 2,3 millones de personas. La Seguridad Social calcula que unos 550.000 hogares padecen pobreza extrema en España, es decir, viven con menos de 230 euros al mes. El IMV pretende sacar de esa situación al 80 % de esas familias.

¿Cuáles son los requisitos?

Para solicitar la renta mínima es necesario ser residente en España, tener entre 23 y 65 años, haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado un año a la Seguridad Social. Lo pueden cobrar personas de 18 años con hijos a cargo que lleven un año de residencia legal en España. Los requisitos son más flexibles para las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Los perceptores deberán hacer la declaración de la renta y solo podrán ausentarse de España durante 15 días sin comunicación previa.

¿Cómo se comprobará el nivel de renta?

A los solicitantes se les hará un test de patrimonio neto, ingresos menos deudas, y se descontará el valor de la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola, hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas. Escrivá ha indicado que el patrimonio neto no debe exceder en tres veces la renta anual percibida.

¿Qué ingresos sirven de referencia?

De forma general, el cálculo se realizará sobre los ingresos del año anterior. En este ejercico, como la crisis sanitaria ha provocado un empobrecimiento súbito de muchas familias, se podrá acceder al IMV con una declaración responsable si la proyección de ingresos anuales cae por debajo del umbral de renta garantizada. No se tendrán en cuenta las ayudas económicas públicas finalistas que hayan sido concedidas para cubrir una necesidad específica (becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda, ayudas de emergencia, y otras similares).

¿Quién controla que se cumplan los requisitos?

El Instituto Nacional de la Seguridad Social que vigilará los requisitos y que los hogares sean reales, es decir, que no se generen de forma "espúrea" para cobrar la renta mínima lo que se comprobará con el libro de familia y el padrón municipal. Además es necesario presentar la declaración de la renta. Las ayudas quedan anotadas en el registro de prestaciones sociales públicas al que sustituirá una "tarjeta social digital".

¿Puedo trabajar y cobrar la renta mínima?

Sí, el empleo es compatible con el ingreso mínimo vital durante un tiempo, pero el Ministerio de Seguridad Social aún no ha detallado los plazos. El vicepresidente segundo ha especificado que la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral y evitar la "trampa de la pobreza" (elegir entre aceptar un empleo o cobrar una prestación). La ayuda va ligada a la búsqueda activa de trabajo.

Me independizo para ir a la Universidad ¿puedo cobrarla?

No, uno de los requisitos es tener más de 23 años y haber cotizado al menos un año por lo que no pueden pedirla de forma indiscriminada todos los estudiantes universitarios españoles que estudien fuera de casa. Eso sí, los beneficiarios a quienes se reconozca dicha condición entre junio y diciembre no pagarán los precios públicos por servicios académicos universitarios para cursar estudios oficiales durante el curso 2020-2021.

¿Cuándo se solicita y se cobra la prestación?

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, el real decreto ha entrado en vigor este lunes 1 de junio. El Ejecutivo se ha comprometido a qué se cobre en el mes de junio, a medida que vayan llegando las solicitudes y se pretende que alcance de manera inmediata a 100.000 familias necesitadas que ya están cobrando la prestación por hijos a cargo. 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social resolverá y notificará al solicitante en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada en su registro del expediente administrativo. En el caso de no hacerlo, se entiende que la prestación ha sido denegada.

¿Cómo se cobrará el ingreso mínimo vital?

En un principio se barajó un cobro trimestral, pero finalmente se abonará de forma mensual en 12 pagas mediante una transferencia bancaria. Todas las solicitudes que se cursen desde ahora hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

¿Dónde se pide la renta mínima?

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que el acceso a la prestación será multicanal para facilitar que llegue a las familias más necesitadas porque un porcentaje significativo no la piden por su situación de marginalidad. Los beneficiarios pueden hacer la solicitud en la página de internet del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), con una aplicación en el móvil o enviando la documentaciòn por correo ordinario. Habrá un teléfono 900 y un asistente virtual, pero también colaboran los ayuntamientos que firmen un convenio.

¿Cuánto costará la renta mínima?

La medida tendrá un coste anual de alrededor de los 3.000 millones de euros, según ha indicado el ministro de Seguridad Social. Escrivá ha  indicado que la renta garantizada media será de 10.070 euros anuales y la aportación del IMV será de unos 4.400 euros al año. En este año  se dispone de un crédito de 500 millones de euros para financiarla.

¿Cómo se financiará?

El dinero saldrá de los presupuestos del Estado como todas las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y se financiará con la batería de impuestos ya planteada antes de que estallara la crisis sanitaria del coronavirus.

¿Es compatible con las ayudas de las CC.AA.?

Sí. El Gobierno ha consensuado con las comunidades autónomas que el ingreso mínimo sea “el mínimo de arranque” que después puede ser complementando con otras ayudas autonómicas ya existentes. Navarra y el País Vasco gestionarán el IMV y a partir de 2021 lo podrían gestionar otras CC.AA, ya lo han pedido Madrid, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Castilla y León.

¿Se eliminan otras ayudas estatales?

Sí. Se reordenan las ayudas estatales cuyos objetivos se solapan con los del IMV. Se elimina la actual prestación de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

¿Se cobra en otros países?

Sí, tienen programas similares a la renta mínima países como Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Italia (que la aprobó en 2019). En países nórdicos, como Finlandia o Dinamarca, el ingreso mínimo es un derecho social asentado.

¿Colaboran las empresas?

Los beneficiarios tendrán itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a su situación. El sector privado participará en el diseño de estos itinerarios. Un sello de inclusión social acreditará a todas las empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a los perceptores del ingreso mínimo.

¿Cómo se persigue el fraude?

Existen infracciones muy graves, graves y leves, cuyo régimen sancionador va desde el apercibimiento a devolver seis meses de prestación o verse privado del IMV durante cinco años. Escrivá ha detallado que las penalizaciones se extenderán no sólo al beneficiario sino también al "cooperador necesario", en referencia al empresario que ofrece trabajo sin contrato ni cotización a la Seguridad Social. Con el fin de luchar contra la economía sumergida, el perceptor deberá hacer la declaración de la renta y tener una "tarjeta social digital" en la que se registran todas sus prestaciones.

¿Cómo se evalúa el IMV?

El resultado del ingreso mínimo vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que emitirá una opinión. Se crea también una comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital para cooperar con las autonomías y entidades locales, así como un consejo consultivo, como órgano de consulta y participación con las entidades del tercer sector y las organizaciones sindicales y empresariales.