“La vital” es el apodo
que el colectivo gitano de mi pueblo le ha puesto a la prestación de naturaleza
económica que el Gobierno aprobó el 1 de junio de 2020. Dicha prestación está
dirigida prevenir el riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas
que viven solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentran
en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos
suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Sí, es verdad, prevenir
el riesgo de pobreza y exclusión social, que antes, durante y después de la
crisis de este Covid-19 se encuentran muchas personas, pero no ha logrado
prevenir el desfile procesional de pasar de uno a otro despacho para volver a
cubrir y fotocopiar otra vez los mismos documentos. Siempre lo mismo, traiga
usted el dni, el libro de familia, certificado de empadronamiento, declaración
de la renta, el piso que no puede pagar y la hipoteca que le duele más que la
pandemia, o el listado de la compra que debe en la tienda de la esquina.
El ingreso mínimo vital
representa un alivio, un oasis en el camino desértico de muchas familias,
eliminar las colas para coger una bolsa de comida, garbanzos con lentejas para
todo el día de la semana, en definitiva, devolverles la dignidad pérdida.
Pero las prisas por
sacar esta prestación económica y social no pensó que había que poner en marcha
también una infraestructura necesaria para no crear un estrés en las familias y
en los propios profesionales que informan, derivan y tramitan. Todo eso está
originando un paro burocrático sin precedentes, estamos a finales de julio y el
código “Qr” te dice “expediente en estudio”. Pero que estudio ni qué narices,
yo lo que necesito es comer.
El IMV (ingreso mínimo
vital) está desbordando a la Seguridad Social, entidad que se encarga de este
recurso. Pero de rebote también el tsunami llega a los Servicios Sociales
Básicos, al que se acercan más de 80% de las personas solicitantes, bien para
informarse o para que se les ayude a cubrir la solicitud, así que si éramos
pocos parió la abuela.
Un tanto por ciento elevado
de población beneficiaria del IMV están ya percibiendo las rentas mínimas de
inserción en las diferentes Autonomías, en Castilla y León, la llamada Renta Garantizada
de Ciudadanía. Ahora se les obliga a todas esas personas y familias a solicitar
en un tiempo récord el IMV, cuando sería más fácil pasar los expedientes
directamente al INSS (Instituto de la Seguridad Social).
La última noticia parecía
que se podría salir de las turbulencias al decir que las familias con menores
percibiendo la prestación por hijo e hija a cargo, ellas no tendrían que
solicitar el IMV, se haría de oficio, pues tampoco ha sido así, y son muchas
las familias que por fallos informáticos tienen también que rellenar todo el
papeleo desde el principio.
Al final nos queda
resignarnos y esperar a la misa del gallo de Nochebuena para poder comerlo a la
cazuela.
Samuel N.P.
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