En el Diario de León del día 6 de diciembre, salta la noticia de que se está elaborando un pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión parcial del programa de familia que desarrolla la Diputación de León. Comienza un tira y afloja por parte de los grupos políticos sobre este asunto, que ya el año pasado se intentó, pero que por diversas circunstancias en la forma de plantearlo, se retiró la propuesta, a pasar de estar publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Desde la Diputación, según la referencia del periódico señalado, se explica que la externalizacion de este programa logrará “que dicho programa subsista y funcione”, ya que la Diputación no puede asumir más personal fijo. A lo que responde la oposicion “que ningún programa de atención a familias debe de privatizarse”.
Lo que no se busca es plantear alternativas dentro de la propia institución pública. En estos momentos la Diputación de León cuenta con una amplia plantilla en servicios sociales, con personal técnico muy cualificado y con unos envidiables servicios sociales de base (CEAS). Me pregunto si no sería mejor conocer lo que se tiene, que posibilidades hay de que nuestros profesionales puedan asumir ciertas intervenciones, en este caso con menores y sus familias. Sería necesario realizar una nueva organización del propio servicio, y de sus programas, reciclar y formar si es necesario al personal técnico existente, sobre todo dejar de derrochar tanto dinero público en proyectos innecesarios, y hacer un análisis consciente antes de iniciar ningún proceso de privatización.
Está claro que estoy en contra de privatizar, y menos los servicios sociales de cualquier institución pública, aunque también soy consciente que ciertos proyectos que presentan una temporalización, un antes y un después, se pueden desarrollar a través de empresas de tipo social, supervisando y realizando un seguimiento desde la propia institución y con los y las profesionales existentes, pero llegar a que empresas privadas puedan tener una intervención con familias y menos con menores, no puedo aceptarlo ni entenderlo.
Siguiendo esta línea, porque no se ha privatizado la “dependencia”, cuando se aprobó la ley, o la intervención con mujeres que sufren “violencia de género”, podríamos enumerar un montón de recursos que se aplican desde los servicios sociales públicos, que pensando de esta manera también se podrían privatizar.
Samuel N.P.
No hay comentarios:
Publicar un comentario