Los perceptores de la ayuda contará con un proyecto individualizado de inserción.Junta, sindicatos y patronal confían en que antes de Navidad se haya publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el reglamento por el que se desarrolla y aplica la Ley de renta garantizada de ciudadanía, de modo que en esa fecha se abra la ventanilla única para solicitar el cobro de esta prestación que se convierte en un derecho universal en la Autonomía.
Así lo avanzó ayer el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, al término de una reunión del Diálogo Social para atar los últimos flecos de esta prestación, para la que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011 reservan una partida de 27,5 millones de euros (crédito ampliable) con el fin de cubrir las necesidades de entre 5.000 y 6.000 perceptores, cifra que dependerá de la evolución de la economía en los próximos meses.
En estos momentos, según precisó el consejero, el proyecto de decreto ya está redactado y se someterá a informe en el próximo pleno del Consejo Económico y Social (CES), previsto para este lunes, 15 de noviembre. Además, la idea es que en la primera semana de diciembre el Consejo Consultivo se pronuncie sobre el mismo, para que el documento pueda pasar por el resto de órganos administrativos y sea aprobado en Consejo de Gobierno.
Tanto Antón, como los secretarios generales de UGT y CC.OO. en la Comunidad, Agustín Prieto y Ángel Hernández, (ningún miembro de Cecale participó en la reunión por motivos de agenda) abogaron por que, al igual que ocurrió con la Ley, aprobada el 30 de agosto, estos órganos «cumplan con celeridad» el proceso y la renta de ciudadanía comience a ser una realidad en diciembre.
Programa informático. Para ello, además, se ha creado un programa informático específico que tiene como misión simplificar y agilizar la tramitación, al tiempo que 67 empleados públicos trabajarán exclusivamente para atender las solicitudes que, según fija la Ley, tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres meses.
Una vez que el decreto se apruebe, los 3.251 beneficiaros de las ayudas por Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que en estos momentos hay en Castilla y León se incorporarán de forma automática al sistema, así como todas las solicitudes que estén vivas en ese momento. De este modo, se convertirán en los primeros perceptores de la ayuda que, con la aprobación del decreto, aumenta a la que están percibiendo.
Así, la cuantía básica mensual de la prestación será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y diez por ciento por el tercero y siguientes. La cuantía oscila entre un mínimo de 426,01 euros y un máximo de 692,26 euros.
Así lo avanzó ayer el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, al término de una reunión del Diálogo Social para atar los últimos flecos de esta prestación, para la que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2011 reservan una partida de 27,5 millones de euros (crédito ampliable) con el fin de cubrir las necesidades de entre 5.000 y 6.000 perceptores, cifra que dependerá de la evolución de la economía en los próximos meses.
En estos momentos, según precisó el consejero, el proyecto de decreto ya está redactado y se someterá a informe en el próximo pleno del Consejo Económico y Social (CES), previsto para este lunes, 15 de noviembre. Además, la idea es que en la primera semana de diciembre el Consejo Consultivo se pronuncie sobre el mismo, para que el documento pueda pasar por el resto de órganos administrativos y sea aprobado en Consejo de Gobierno.
Tanto Antón, como los secretarios generales de UGT y CC.OO. en la Comunidad, Agustín Prieto y Ángel Hernández, (ningún miembro de Cecale participó en la reunión por motivos de agenda) abogaron por que, al igual que ocurrió con la Ley, aprobada el 30 de agosto, estos órganos «cumplan con celeridad» el proceso y la renta de ciudadanía comience a ser una realidad en diciembre.
Programa informático. Para ello, además, se ha creado un programa informático específico que tiene como misión simplificar y agilizar la tramitación, al tiempo que 67 empleados públicos trabajarán exclusivamente para atender las solicitudes que, según fija la Ley, tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres meses.
Una vez que el decreto se apruebe, los 3.251 beneficiaros de las ayudas por Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que en estos momentos hay en Castilla y León se incorporarán de forma automática al sistema, así como todas las solicitudes que estén vivas en ese momento. De este modo, se convertirán en los primeros perceptores de la ayuda que, con la aprobación del decreto, aumenta a la que están percibiendo.
Así, la cuantía básica mensual de la prestación será el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. A esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación. Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y diez por ciento por el tercero y siguientes. La cuantía oscila entre un mínimo de 426,01 euros y un máximo de 692,26 euros.
Noticia: Diario de León, 13 de noviembre de 2010
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