viernes, 19 de abril de 2019

Respuesta de un Educador Social a la carta buzoneada por VOX

Hace unos días en el buzón de mi casa aparece un sobre sin ningún tipo de logotipo, aunque en el diseño se delataba el interior, los colores rojo y amarillo gualda, simulando la bandera española. La carta dirigida a los “lectores residentes en la urbanización San Roque, Cacabelos (León)", sin identificar ningún nombre en particular, eso si, franqueo pagado y envíos postales de propaganda electoral en un borde.
Como buen ciudadano me pongo a leerla, no una vez, unas cuantas. Lo que más me llama la atención es la repetición de la palabra “golpe de estado y golpistas”, tres veces, claro está que se refiere a Cataluña. A tanto intelecto de esa formación, les digo que un golpe de estado” según la Wikipedia, es la toma del poder político de forma repentina y violenta, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. Pues nada de eso ha pasado, ni en Cataluña ni en otro rincón de España.
Nada que decir de la utilización del lenguaje sexista en cada uno de los apenas doce puntos y parte utilizados en la carta.
Continua diciendo que estamos en uno de los momentos más críticos de la historia de España, lo que deja entredicho, la historia no es su fuerte, este país ha pasado por etapas violentas en cuanto a guerras, hambre y miseria, no es un momento ideal, pero estamos mejor que en la Edad Media.
Se dice que la inmigración ilegal amenaza nuestra libertad, ninguna persona es ilegal cuando huye de las guerras, el hambre, la persecución política o las mismas catástrofes naturales. No nos sentiremos libres si no estamos al lado de las personas que sufren y necesitan nuestra ayuda.
En otro de los apartados se habla de que se extiende un “feminismo supremacista” que atenta contra la igualdad, con ataque al mundo rural y a las tradiciones. Si decimos “supremacista” nos vamos a un concepto de superioridad de unas personas sobre otras. No es momento de confundir a la ciudadanía cuando hablamos de “feminismo”, con esa palabra, nos referimos a un movimiento social con sentido de igualdad, respeto y justicia social.
Para VOX este país es de las personas que madrugan, dice una amiga mía que ella no madruga ya que trabaja por las tardes, pero que también pone todo su esfuerzo en desempeñar perfectamente su trabajo, igual que los y las que lo hacen a las siete de la mañana.
Cuando se habla de educación pública, hablamos de igualdad de oportunidades para todos y todas, sería VOX uno de los partidos que defienden la instrumentalización de los poderes públicos para seguir con los valores tradicionales de estilo arcaico y ñoño, al no dejar que la mente progrese y con ella las personas.
Como profesional de la Educación Social siento que soy más necesario que nunca, que mis valores y competencias deben estar en alerta todo el día y no dejarnos llevar por este pesimismo incierto que partidos como VOX nos hacen creer y mostrar.
Sigo pensando los que dice Ismael Serrano en una de sus canciones: “Que el miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vida”.
Samuel N.P.

martes, 2 de abril de 2019

Firmado acuerdo CGCEES-UGT


En la mañana del 2 de abril se ha firmado acuerdo entre el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) y la Unión General de Trabajadores (UGT).
El acuerdo ha sido firmado por la Presidenta del CGCEES, Lourdes Menacho Vega y el Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de UGTJulio Lacuerda Castelló.
 
FeSP-UGT y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales unen esfuerzos para lograr regular la educación social.
FeSP-UGT y el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) han firmado hoy un acuerdo en virtud del cual trabajarán conjuntamente para regular la educación social y conseguir intervenciones socioeducativas profesionales y de calidad en todo el ámbito estatal.

Las dos organizaciones comparten el interés, la dedicación y la preocupación por la coyuntura social, laboral y académica en la que se circunscriben las acciones/intervenciones socioeducativas con personas en los ámbitos de la reforma juvenil y la protección de menores y la atención a personas con discapacidad, desarrolladas a través de entidades al servicio de la Administración o directamente desde las diferentes Administraciones públicas.

Según el documento suscrito por Julio Lacuerda, secretario general de FeSP-UGT, y Lourdes Menacho, presidenta del CGCEES, ambas partes consideran necesario afrontar con decisión y garantías, para los actuales y futuros profesionales de estos sectores, la regularización de la profesión a fin de establecer de manera definitiva las condiciones laborales, tareas, funciones y formación académica de quienes desarrollan su actividad profesional en este sector.

Pese a que desde los años 80 las comunidades autónomas han ido asentando un modelo más moderno de gestión y organización en la atención a niños/as, adolescentes y personas con discapacidad, no se han concretado todavía las funciones, titulaciones y perfil de los/las profesionales de estos sectores en el ámbito de la educación, y en particular en la Educación Social.

En el convenio suscrito, FeSP-UGT y CGCEES reivindican la categoría profesional de Educador/a Social como la del/de la profesional que lleva a cabo la atención directa especializada con los/as usuarios/as y sus familias en el ámbito de la intervención socioeducativa, así como en otros grupos profesionales y áreas funcionales. Asimismo, instan a hacerlo a las Administraciones públicas y a las entidades colaboradoras que gestionan centros, programas y/o recursos en estos sectores.

Las dos organizaciones consideran necesario establecer mecanismos para que quienes desempeñan actualmente su labor profesional en este ámbito y tengan una antigüedad igual o superior a dos años mantengan sus puestos de trabajo –como categoría a extinguir- con las mismas funciones y retribuciones salariales hasta que cumplan los requisitos académicos para ser reclasificados a la categoría de Educador/a Social.

Al tiempo, las nuevas contrataciones deberían realizarse bajo la categoría de Educador/a Social, con los requisitos legales establecidos para el desempeño de la profesión en todas las CCAA: diplomados/as, graduados/as en Educación Social y habilitados/as colegiados/as por cualquiera de los colegios profesionales de educadoras y educadores sociales del Estado.

El acuerdo también contempla, entre otras medidas, el apoyo a la creación de una ley del derecho a la Educación Social, garantía de unas intervenciones socioeducativas de calidad, que redunde en su efectividad y en el impacto en los/las usuarios/as, y evite el intrusismo profesional y la precarización del colectivo.