domingo, 25 de octubre de 2020
Formar a mediadores/as juveniles en prevención de drogodependencias
sábado, 17 de octubre de 2020
domingo, 11 de octubre de 2020
DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, 11 de Octubre de 2020
En 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing - el plan más progresista jamás realizado para promover los derechos no solo de las mujeres sino también de las niñas. La Declaración de Beijing es la primera en llamar específicamente a los derechos de las niñas.
El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.
Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos en por de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y sostenibilidad global.
Las niñas están rompiendo los límites y las barreras que plantean los estereotipos y la exclusión, incluidos los dirigidos a los niños con discapacidad y los que viven en comunidades marginadas. Como emprendedoras, innovadoras e iniciadoras de movimientos globales, las niñas están creando un mundo que es relevante para ellas y las generaciones futuras.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ) adoptados por los líderes mundiales en 2015, incorporan una hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás.
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos llegaremos a la justicia y la inclusión, a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras.
. Información: web de la Organización de las Naciones Unidas
viernes, 2 de octubre de 2020
2 de octubre, 2020, Día de la Educación Social – Manifiesto del CGCEES
Este año conmemoramos el Día Internacional de la Educación Social en un contexto de pandemia, y de crisis sanitaria, económica y social, global. Si algo nos caracteriza a las Educadoras y los Educadores Sociales es la capacidad que hemos adquirido para trabajar en situaciones de crisis, hemos ido creciendo ante la adversidad, enfrentando momentos y situaciones políticas, económicas y sociales que han dificultado, y dificultan, el desarrollo de nuestra profesión.
Una profesión esencial, es decir, necesaria para trabajar con las personas y con los colectivos, donde hemos aportado, y aportamos en estos momentos, nuestra presencia y acompañamiento profesional a las personas que se encuentran en los recursos residenciales o en su entorno, y en los momentos más críticos hemos estado y estamos presentes, sin la visibilidad y el reconocimiento que merecíamos tanto en los medios de comunicación como en las agendas políticas.
Seguimos, igual que otros colectivos profesionales, en una situación de precariedad, ante la que tenemos que trabajar conjuntamente para la regulación de las profesiones de la intervención social, regulación que facilitará el acceso a los derechos fundamentales de la ciudadanía, y garantizará un trabajo de calidad y profesionalidad. Necesitamos y solicitamos el apoyo de las entidades que forman parte de las mesas de negociación colectiva, organizaciones sindicales y empresariales, y de las Administraciones públicas.
Necesitamos el respaldo y el compromiso de las universidades en el desarrollo de esta profesión. Los estudios que la acreditan académicamente llevan casi treinta años implantados en las Facultades de Educación de todo el Estado, por lo que urge la revisión de los planes de estudio y la adecuación a las competencias que requiere su praxis, entendiendo que el trabajo con personas exige una formación actualizada y de calidad ante la complejidad de las situaciones que genera la sociedad y con las que trabajamos diariamente. Por todo ello solicitamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Colegios Profesionales en cuanto a la participación del CGCEES en el desarrollo de los planes de Estudio de la Educación Social.
Esperamos el apoyo político que hemos solicitado a los grupos parlamentarios en el Congreso de las Diputadas y de los Diputados. El futuro de la profesión y de las políticas sociales, educativas y sanitarias depende de sus decisiones legislativas, entre ellas la incorporación de nuestra figura profesional en la LOMLOE, en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, en las Leyes de servicios sociales, en la Ley de Mediación y en la modificación del reglamento penitenciario.
Es el momento de impulsar y aprobar una Ley que regule el ejercicio del derecho a la Educación Social, como solución definitiva a las reformas parciales, y que sitúe la profesión en el lugar que le corresponde.
Solicitamos a las personas que ostentan responsabilidades políticas, en todos los ámbitos, que usen su capacidad de mediación y diálogo para afrontar la situación que vive la ciudadanía. Se requiere una reflexión de los modelos existentes, en la que el objetivo prioritario sea la cohesión social y el acceso a los derechos fundamentales, y para eso, las Educadoras y los Educadores Sociales seguimos dispuestas/os a trabajar y colaborar, como siempre hemos hecho.
POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA
LA EDUCACIÓN SOCIAL IMPRESCINDIBLE Y REGULADA
jueves, 17 de septiembre de 2020
Propuestas de la Fundación Secretariado Gitano para la vuelta a las aulas 2020
Fundación Secretariado Gitano, 16 de septiembre de 2020
Ante la compleja situación de vuelta a las aulas en el curso 2020-2021, desde la Fundación Secretariado Gitano queremos trasladar nuestra posición y propuestas a las distintas administraciones, de manera que en el proceso de definición, diseño e implementación de medidas y protocolos de inicio de curso se tenga en cuenta la situación del alumnado gitano por sus especiales características sociales y educativas, y se garantice tanto su seguridad y protección, como su necesario proceso de aprendizaje y socialización.
A pesar de la evidente brecha de desigualdad que todavía existe, el nivel educativo de la población gitana ha mejorado progresivamente durante las últimas décadas. La escolarización generalizada de las niñas y niños gitanos y una visión más positiva de la educación y de la escuela por parte de las familias gitanas han permitido que cada vez más jóvenes gitanos y gitanas estén alcanzando niveles de instrucción superiores a los de la generación anterior.
Este incremento progresivo del nivel educativo de la población gitana corre el riesgo de frenarse si en la actual situación de pandemia y de potenciales riesgos no se ponen en marcha las medidas necesarias, tanto educativas como sanitarias, para garantizar que el alumnado gitano continúa su proceso educativo en igualdad de oportunidades y compensando sus desventajas educativas y sociales.
La vuelta a las aulas para las familias gitanas
Este inicio de curso, afectado por la pandemia del Coronavirus, está suponiendo temores y dudas para muchas familias, también para las familias gitanas, donde los menores han sido tradicionalmente personas de especial protección. Hay elementos estructurales que afectan de manera específica a las familias gitanas y que, por tanto, hay que tener en cuenta en este proceso de vuelta a las aulas, si queremos que alumnado y familias gitanas se sientan implicadas y seguras.
Ante todo, hay que tener en consideración la alta prevalencia de menores en las familias gitanas. A pesar del progresivo descenso de la tasa de natalidad, la población gitana es mucho más joven que la población general. Un 66% de las personas gitanas tienen menos de 30 años, y en la pirámide demográfica comparativa entre población gitana y no gitana, los menores de 10 años suponen un 11,5% en la población gitana frente al 4,7% en el conjunto de la población, y entre los 10 y los 19 años suponen un 12% frente al 5% del conjunto[1]. A partir del cálculo de la estimación de población gitana en España (750.000 personas[2]), estaríamos hablando de aproximadamente entre 170.000 y 180.000 menores gitanos y gitanas.
La grave situación de pobreza y exclusión social, que afecta a una buena parte de las familias gitanas y, por tanto, de menores, es otro elemento a tener en cuenta. Amplias capas de la población gitana se encuentran en riesgo de pobreza: el 86%. El indicador AROPE aplicado a los hogares gitanos asciende al 92%. Y el dato más alarmante es que el 46% de las familias gitanas viven en situación de extrema pobreza; familias que en la mayoría de los casos incluyen menores a su cargo. La tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%, frente al 31,3% de la población general. El 52% de los menores viven en hogares en situación de pobreza extrema, y el 70% de los niños y niñas gitanas viven en un hogar en pobreza severa[3]. En muchos casos, además, tienen que convivir familias amplias o varias generaciones en un mismo hogar, con el riesgo que eso supone en estos momentos de pandemia especialmente para las personas mayores o quienes ya tienen una salud precaria.
Especialmente preocupante es la realidad de niños, niñas y adolescentes gitanos en contextos de alta exclusión. Las condiciones de vivienda de las familias gitanas son uno de los factores clave que marcan su desarrollo personal, educativo y social. El 8,63% de las viviendas de familias gitanas son consideradas infraviviendas porque no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad[4]; son 9.000 hogares que suponen cerca de 40.000 personas, de las cuales calculamos que 14.000 son menores de 18 años. De esos 9.000 hogares, 2.273 son chabolas, con unas 11.000 personas, de las cuales unos 3.900 son menores de 18 años.
Pero, sin duda, es la brecha de desigualdad educativa del alumnado gitano el elemento que debe condicionar la respuesta de las administraciones en este inicio de curso. La desigualdad educativa del alumnado gitano, que se manifiesta en todas las etapas educativas desde la educación infantil (tan solo un 24,5% de los menores gitanos se incorpora en educación infantil en la etapa de 0 a 3 y un 89% lo hace en el segundo ciclo), es evidente antes incluso de la finalización de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con una tasa de fracaso escolar del 64%, es decir, alumnado gitano que no concluye los estudios obligatorios. Por otra parte, el abandono escolar temprano de la juventud gitana se sitúa en el 63,7%[5].
Esta brecha sigue teniendo un efecto importante en los niveles educativos de la población gitana como se ha puesto de manifiesto con los últimos datos disponibles: solo el 17% de las personas gitanas tienen terminados al menos los Estudios Secundarios Obligatorios (ESO), frente al 77% de la población general[2].[6]
A esta situación preocupante hay que hay añadir la brecha educativa de género y la brecha digital, con un evidente desfase en la adquisición de competencias digitales debido a la falta de recursos materiales y formación suficiente. Todo ello, sitúa al alumnado gitano en una situación de clara desventaja que limita sus oportunidades e impide el pleno disfrute de su derecho a la educación.
Por último, y no menos importante, hay que tener en cuenta la fuerte estigmatización que sufre la comunidad gitana. La imagen social negativa asociada a las personas gitanas se ha visto agravada en el contexto de la crisis del Coronavirus. Esta percepción negativa generalizada corre el riesgo de afectar injustamente a niños y niñas gitanas en su proceso de incorporación a las aulas.
Propuestas a las administraciones educativas
Por todo lo anteriormente señalado, el alumnado gitano se sitúa en una situación de clara desventaja, y que la crisis actual generada por el Coronavirus no viene sino a agravar, por las desigualdades ya existentes, pero también por las deficiencias del propio sistema educativo.
Por eso, desde la Fundación Secretariado Gitano pedimos a las distintas administraciones educativas una vuelta a las aulas segura, pero también equitativa e inclusiva, que compense las desigualdades educativas ya existentes, y ofrezca respuestas adaptadas y con perspectiva intercultural que eviten la desconexión de alumnado y familias gitanas del sistema educativo. La decisión última de las familias de incorporar a sus hijos e hijas a las aulas debe estar basada en la garantía de seguridad que tienen que ofrecer los centros educativos, una información clara, y recursos de apoyo y orientación.
- Garantizar las necesarias medidas de seguridad en todos los centros educativos. La vuelta a las aulas debe contar con todas las garantías de prevención y protección frente a posibles contagios de la pandemia; las escuelas e institutos deben ser lugares seguros para niños, niñas y adolescentes en todas las circunstancias. Para ello, las administraciones educativas deben asegurar los recursos adicionales necesarios, tanto materiales, como recursos humanos, para hacer frente a esta situación extraordinaria. La inversión en educación debe ser una prioridad, y garantizar la presencialidad requiere de un compromiso económico por parte de todas las administraciones educativas. Un compromiso que debe ser mayor con aquellos centros educativos con un alto porcentaje de alumnado en situación de desventaja socio-educativa. Asimismo, la semipresencial debe llevarse a cabo con garantías para que todo el alumnado pueda seguir el curso con la máxima calidad, implementando acciones específicas dirigidas al alumnado que se encuentre en situación de vulnerabilidad.
- Trasladar a las familias información completa, actualizada, rigurosa y clara sobre los protocolos de prevención y protección sanitaria en marcha dentro de cada centro educativo, abriendo espacios y canales para la comunicación e interlocución directa que generen confianza, cercanía y seguridad en las familias ante posibles dudas.
- Ofrecer orientación a las familias sobre el proceso de incorporación y asistencia a las aulas de sus hijos e hijas, priorizando medidas de carácter preventivo (acompañamiento y apoyo a las familias) frente a las punitivas, e informando de manera imparcial sobre las posibles consecuencias, incluso penales, del absentismo, evitando mensajes y estilos amenazantes y sancionadores; pero, sobre todo, explicar de manera clara el impacto negativo en el proceso educativo de los niños y niñas de mantenerse fuera de la actividad lectiva presencial. El riesgo es una mayor tasa de fracaso y abandono escolar, especialmente en el caso de las niñas por el riesgo de que recaiga sobre ellas el cuidado de otros menores, y en consecuencia, mayor desigualdad educativa para el alumnado gitano.
- Reforzar los mecanismos de acompañamiento y apoyo educativo dirigidos al alumnado con mayores dificultades. Precisamente en estos momentos de mayor incertidumbre e inestabilidad es cuando los niños y niñas en situación de vulnerabilidad educativa y social se descuelgan del proceso educativo y crece el riesgo de fracaso escolar. Debe haber un firme compromiso por parte de las administraciones educativas de que la pandemia del Covid-19 no genera mayores desigualdades educativas, y para ello es imprescindible que se refuercen los programas de orientación y apoyo educativo al alumnado que requiere ese acompañamiento escolar, así como reforzar la comunicación y orientación a las familias desde los propios centros educativos.
- Reducir la brecha digital. Aunque haya una firme apuesta por la educación presencial, la brecha digital que sufren niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad sigue siendo una barrera para la igualdad de oportunidades. Es necesario mantener la inversión necesaria para garantizar el acceso universal a redes de comunicación (Internet) y digitalización de hogares, así como la formación en competencias y habilidades digitales, especialmente al alumnado con mayores dificultades, de manera que la brecha digital no profundice la brecha educativa.
Desde la Fundación Secretariado Gitano nos ponemos a disposición de las administraciones educativas para ofrecer nuestra colaboración y asegurar una vuelta a las aulas segura, pero también equitativa e inclusiva para el alumnado gitano, y por eso continuamos nuestra actividad de orientación y refuerzo educativo, apoyando y acompañando al alumnado gitano y a sus familias (estamos trabajando anualmente con más de 3.400 alumnos y alumnas para contribuir a su éxito escolar); una labor que hemos intensificado en los últimos meses para reforzar el apoyo educativo al alumnado gitano. En estos momentos, estamos trabajando especialmente con las familias para, de manera complementaria a la función que deben cumplir los centros educativos, informar, acompañar y orientar el proceso de vuelta a las aulas.
martes, 1 de septiembre de 2020
jueves, 27 de agosto de 2020
CEGADO POR LA LUZ

jueves, 20 de agosto de 2020
Renta Básica y Educación Social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales
Artículo de Rodrigo Gil y Mariló Candedo. del Colectivo renta Básica de La Coruña
La Renta Básica emerge como una idea que adquiere cada vez más relevancia en el debate público debido al nuevo y complejo escenario socioeconómico en el que nos encontramos como sociedad. La posible implantación de una Renta Básica modificaría numerosos aspectos relacionados con la pobreza y la exclusión social, así como también el funcionamiento de aquellos recursos del Estado del Bienestar disponibles para luchar contra la desigualdad.
Para la realización de esta investigación,1 además de una revisión bibliográfica y documental basada en textos académicos y libros relacionados con las temáticas a investigar que acercara las referencias conceptuales y procedimentales precisas para poder desarrollar los objetivos, se obtuvo información relevante sobre el trabajo de la Educación Social en el ámbito de los servicios sociales a través de entrevistas a informantes clave.
Para poder llevar a cabo la investigación, se estableció como instrumento de recogida de información la entrevista semiestructurada en profundidad, con preguntas semiabiertas referentes a las temáticas objeto de análisis: pobreza y exclusión social, educación social, servicios sociales y Renta Básica.
A través de este trabajo se busca hacer un acercamiento a esta idea y cómo su implantación modificaría el modelo de intervención social de los servicios sociales, y más concretamente, la labor de la Educación Social dentro de estos.
De este trabajo se obtienen resultados que hacen referencia a la necesidad de un cambio de modelo de intervención en los servicios sociales. También se extrae la conclusión de la necesidad de repensar la labor de la educación social dentro del sistema de protección social. Por último, se valora la implantación de una Renta Básica como positiva ya que supondría un cambio de modelo en la intervención social y permite a las educadoras y educadores sociales centrarse en el trabajo comunitario y de prevención.
Enlace:
El presente artículo es un resumen del Trabajo de Fin de Grado “Renta Básica y Educación Social: hacia un nuevo paradigma en los servicios sociales”, realizado para la obtención del título de Grado en Educación Social en la Universidade da Coruña.
jueves, 13 de agosto de 2020
Los pobres mueren antes
La relación entre pobreza y peores indicadores de salud está vinculada tanto con unos menores ingresos como con problemas de acceso a muchas prestaciones sanitarias.
Artículo de Carlos Sánchez y Sergio Fernández, de la Dederación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Diario Público, 13 de agosto de 2020.
La muerte nos llega a todos antes o después, pero co mo diría Orwell unos son mas iguales que otros ante el fin de la vida. Así se deduce de 2 recientes publicaciones, el Atlas Nacional de Mortalidad en España realizado por la Generalitat Valenciana y la Fundación Fisabio y el Informe Evolución de la Esperanza de Vida y la Mortalidad en las CCAA, desde la crisis hasta la actualidad elaborado por la FADSP.
En el conjunto del país la esperanza de vida aumentó en 1,17 años, sin embargo no aumentó igual en hombres que en mujeres, en los primeros se incrementó en 1,41 mientras que en las mujeres lo hizo en 0,82 años, con lo que la diferencia en esperanza de vida de las mujeres respecto a los hombres se redujo entre 2010 y 2018 en 0,5 años, pero continuó existiendo una mayor esperanza de vida a favor de las mujeres (5,39 años en 2018).
Las CCAA con mayor esperanza de vida fueron Madrid y Navarra (84,23 y 84,18 años respectivamente en 2018) y las que la tuvieron menor eran en ese mismo año Andalucía (81,86) y Canarias (82,26), es decir una persona que viva en la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida en principio vivirá 2,37 años más que si viviera en la que la tiene menor.
La tasa de mortalidad general (por 1000 habitantes) también tiene una gran dispersión según CCAA, Madrid y Baleares son las que tienen una menor tasa de mortalidad (7.04 y 7,06 respectivamente) mientras que las mayores tasas están en Asturias (12,92) y Castilla y León (12,13). En este caso se debe probablemente al mayor envejecimiento de la población en estas 2 CCAA respecto a las que tienen las menores tasas de mortalidad. Como era de esperar la mortalidad es mayor entre los hombres (0,52 puntos en 2018), y ha aumentado en ambos sexos durante estos años.
La tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos decreció en el periodo en 0,57 puntos y de forma muy parecida entre hombres y mujeres. La mayor mortalidad infantil en 2018 se encuentra en Andalucía (3,77) y la menor en Navarra (1,77).
Entre las tasas de mortalidad por enfermedades especificas (calculadas por 100.000 habitantes), la mortalidad por enfermedad de Alzheimer aumentó ligeramente en este periodo (0,25 puntos), la mortalidad por cáncer presentó una disminución de 12,12 puntos en el periodo, sobre todo entre los hombres, probablemente por la disminución del tabaquismo entre estos mientras se incrementa entre las mujeres. La mortalidad por diabetes también disminuyó (1,78 puntos) y por enfermedad cerebrovascular también lo hizo (7,36 puntos), en ambos casos es probable que en relación con el mejor control de la diabetes y la hipertensión arterial, lo que depende fundamentalmente del funcionamiento del sistema sanitario.
La mortalidad por neumonía e influenza aumentó en cambio (1,63 puntos) probablemente debido al aumento de la edad media de la población, ya que estas enfermedades presentan mucha mayor mortalidad en las personas mayores y con pluripatologías.
Merece la pena destacar que tanto una menor esperanza de vida como unas mayores tasas de mortalidad, tanto general como por las causas analizadas, se concentran en las CCAA con menor PIB per capita (Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura), lo que ya ha sido señalado por numerosos estudios como los de determinantes de salud de la OMS en Europa (The solid facts 2003) o como el de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español que en su Informe sobre las Desigualdades en Salud de 2019 señalaba que “el estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza, tanto en lo que se refiere a la salud percibida, como a la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones básicas de la vida diaria. Cuatro de cada diez personas pobres (37,4%) consideran que su salud es regular, mala o muy mala. Esta cifra es once puntos superiores al de las personas no pobres (26 2%)”.
La pandemia ha tenido un mayor impacto en los grupos de población con menores recursos, tal como lo demuestran los estudios en barrios de Madrid y Barcelona
Asimismo la pandemia de covid19 ha tenido un mayor impacto en los grupos de población con menores recursos, tal como lo demuestran los estudios en barrios de Madrid y Barcelona donde se ha visto que el número de casos por 100.000 habitantes tenía una 8,37% más de casos positivos en los barrios más pobres en la primera ciudad y un 66% más en la segunda. Asimismo las localidades del sur y el corredor del Henares en Madrid, con menor renta per capita, presentan una incidencia mayor de casos que las del norte y oeste de mayor renta per capita. Otro caso relevante es el de los temporeros donde se han evidenciado un importante brote probablemente causado por unas muy deficientes condiciones de trabajo y de vivienda. Desgraciadamente los datos de mortalidad no están desagregados por nivel socioeconómico, pero probablemente cuando se analice esta variable se encontrara una mayor mortalidad entre los sectores de población con mayor pobreza.
La relación entre pobreza y peores indicadores de salud está vinculada tanto con unos menores ingresos lo que produce peores viviendas, problemas de acceso a una dieta saludable, desempleo y subempleo, peores condiciones de trabajo con mayores riesgos para la salud, mayor consumo de sustancias toxicas (alcohol, tabaco, etc), peor nivel educativo que favorece hábitos menos saludables (mayor obesidad por ejemplo), así como problemas de acceso a muchas prestaciones sanitarias (por ejemplo odontología, imposibilidad de retirar medicamentos prescritos por no poder asumir los copagos, etc).
Desgraciadamente hay pocos estudios que nos permitan evaluar las desigualdades dentro de las propias CCAA y dentro de los propios municipios, es decir que hagan un análisis según el nivel socioeconómico y la clase social, porque incluso analizar según el código postal es insuficiente porque con frecuencia agrupa situaciones económicas y sociales muy diferentes.
Una última reflexión tiene que ver con la necesidad de reducir las desigualdades tanto en esperanza de vida como en mortalidad, que se ha evidenciado son muy importantes, desarrollando instrumentos como el Plan Integrado de Salud, y tenerlo en cuenta en la prevención y el abordaje y de los rebrotes más que previsibles de la Covid19. Asimismo señalar que dentro de las propias CCAA existe en algunos casos una desigualdad notable que también debería abordarse, así como la influencia en estas desigualdades del nivel socioeconómico, que como se ha señalado puede ser determinante.
NUEVATRIBUNA.ES | CARLOS SÁNCHEZ Y SERGIO FERNÁNDEZ13 DE AGOSTO DE 2020, 9:29
domingo, 2 de agosto de 2020
La isla de las mentiras
- Información: web de RTVE
- Película basada en la naufragio del Santa Isabel en la Ría de Arousa en 1921, en el que murieron 213 personas
- Dirigida por Paula Cons y participada por RTVE, está protgonizada por Nerea Barros, Dario Grandinetti y Aitor Luna.
La isla de las mentiras es un thriller inspirado en el hundimiento del buque Santa Isabel frente a la pequeña isla gallega de Sálvora en 1921. La película narra en tono de suspense e intriga la hazaña de tres mujeres que se lanzaron al mar a salvar a los náufragos y todas las inesperadas consecuencias que para ellas tuvo ese hecho.
Dirigida por Paula Cons y participada por RTVE, La isla de las mentiras está protgonizada por Nerea Barros (ganadora del Goya por La isla mínima), Darío Grandinetti y Aitor Luna y se estrenará próximamente en salas de cine. Distribuida por Filmax, es una producción de Agalla Films, en coproducción con Aleph Media e Historias del Tío Luis.
"La isla de las mentiras es un largometraje inspirado en tres mujeres injustamente olvidadas", explica la directora sobre la película. "Un thriller protagonizado por una mujer sobre la huida del dolor (la huida hacia adelante) y sobre las sombras, y prácticamente ninguna luz, del heroísmo. Y un thriller creado por una mujer".
En la madrugada del primer día del año 1921, un barco con 268 pasajeros a bordo encallaba en la entrada de la ría de Arousa, provocando la mayor tragedia marítima en la historia de Galicia. Muy pocos han oido hablar del naufragio del vapor Santa Isabe,l conocido como el Titanic gallego, en el que murieron 213 personas.
"En esta película pretendemos acercarnos a un hecho histórico, a la reflexión sobre la huida del dolor (de la protagonista y de la sociedad) a través de una película trepidante misteriosa, por momentos incómoda y visualmente poderosa", dice Cons. "Comencé a escribir esta película porque no podía entender por qué no había ninguna plaza ni calle dedicada a ellas en ningún lugar de nuestra costa cuando habían salvado a 50 personas en medio de una tormenta. Me pregunté si hubiera ocurrido lo mismo si fuesen hombres".
Sinopsis¿Qué ocurre después de un naufragio en el lugar que lo ha contemplado y vivido todo? La noche del 1 de enero de 1921, en medio de una espesa niebla el vapor El Santa Isabel, con 260 emigrantes con destino Buenos Aires, se hundió frente a la escarpada y dura costa de la Isla de Sálvora, en la provincia de A Coruña. Esa noche no había hombres en la Isla, estaban celebrando las Navidades en tierra firme.
La única esperanza de los supervivientes que luchaban por no estrellarse contra las rocas eran las pocas mujeres, viejos y niños que vivían en esta isla. Tres jóvenes isleñas deciden lanzarse al mar en una pequeña embarcación tradicional. Remando sólo de oído, debido a la espesa niebla y a la noche cerrada, logran salvar a 50 personas.
Todo lo que ocurre desde esa noche va a sacudir y cambiar para siempre este lugar. Un periodista argentino acude a la isla para cubrir la noticia del naufragio. Pero poco a poco comprueba que esa noche sucedieron demasiadas terribles “casualidades” en la isla. Son muchas las incógnitas que hay que resolver y a la isla le resultará imposible seguir siendo una isla.
La 'compra antirracista' que ha salvado a miles de migrantes indocumentados durante la pandemia
Safia El Aaddam, conocida en redes sociales como "hija de inmigrantes" es la creadora de una iniciativa con la que voluntarios de toda España ayudan a cientos de migrantes indocumentados a recibir ayuda y recursos.
SARA VELASCO ARCAS, Diario Público, 2 de agosto de 2020.
Maryury llegó a Madrid desde Barquisimeto, Venezuela, el 13 de febrero, junto a su marido e hija de dos años. Su intención era la de instalarse en España y solicitar asilo. Lo que la venezolana no esperaba era la situación tan dura que les ha tocado vivir.
Cuando la covid-19 llegó a España, la familia de Maryury vivía en un hostal, pero tras ser expulsados bruscamente, se vieron sin un lugar al que acudir. Gracias a un contacto fueron acogidos en una parroquia, pero seguían sin acceso a un recurso básico como es la comida.
"Al no estar empadronados, es muy difícil que las instituciones te ayuden. Nos piden el DNI, nos preguntan dónde vivimos y tenemos que justificar que nuestros problemas existen. Por suerte, conocimos la iniciativa compra antirracista, y a los dos días teníamos una compra completa", cuenta la mujer.
Para lidiar con esta problemática, una campaña que ha conseguido crear una red por toda España uniendo a donantes, voluntarios y migrantes indocumentados, solicitantes de alimentos. Su instigadora, Safia El Aaddam, es una joven activista por los derechos de las personas migrantes. Conocida en redes sociales como "hija de inmigrantes", decidió durante el confinamiento construir Compra Antirracista.
"Comencé a recibir mensajes de personas que trabajaban sin contrato y que no tenían para comer en su casa. Pensé en las 600.000 personas en situación irregular en nuestro país, y en que el confinamiento provocaría que muchas de ellas no podrían salir a realizar esos trabajos, ya que no tendrían como justificar esas salidas", explica la activista.
La crisis provocada por el coronavirus ha golpeado fuertemente a los sectores más vulnerables de la población, hasta tal punto que se han multiplicado por cinco las solicitudes de ayuda a comedores sociales, ONG y bancos de alimentos. Pero, ¿qué ocurre con quienes no pueden solicitar los recursos que proporcionan estas organizaciones? Los migrantes indocumentados vuelven a ser los grandes olvidados y los más afectados en este tipo de situaciones.
La iniciativa se creó, precisamente, con el fin de revertir esta situación y proporcionar acceso a recursos a un colectivo que, hasta el momento parece olvidado por las instituciones. Las personas a las que Safia presta su ayuda se encuentran en situaciones limite: la mayoría tienen hijos a su cargo o, son jóvenes extutelados. Muchos de ellos no tienen familia en el territorio, y tampoco padrón. En esta nueva normalidad no encuentran una vía en la que poder acceder a los recursos necesarios y poder salir adelante.
"Hemos atendido a más de 2.200 solicitantes de alimentos", confirma Safia. La iniciativa funciona mediante las donaciones, que se ingresan directamente a los voluntarios, que son los encargados de realizar la compra y entregarla en los domicilios de los demandantes.
La compra es variada, completa y personalizada. Se tienen en cuenta las necesidades de cada familia; si tienen bebés, alergias, o preferencias alimentarias. "Nuestra filosofía es que la comida no se reparte en función de la clase social a la que perteneces, todo el mundo tiene derecho a comer de todo", cuenta la activista.
"La donación y la inscripción como voluntaria son tramites muy sencillos", relata una de las donantes de esta incitativa que además ha querido participar como voluntaria. "Me inscribí en el formulario, contactaron conmigo y realicé el ingreso en la cuenta. En cuanto a la compra, recibí un listado que me guió a la hora de elegir los productos, teniendo en cuenta las necesidades específicas de la familia, después lo entregué en la puerta de su domicilio", afirma la voluntaria.
Los solicitantes no deben presentar ningún dato, ninguna justificación de su situación, tan solo deben indicar su dirección y el tipo de compra que necesitan. En apenas un par de días, reciben en su domicilio la compra completa. La campaña sigue activa y "durará hasta que no haya demanda, o hasta que se dejen de recibir donaciones".
"Es una compra antirracista, porque la no contemplación de regular a todas las personas es racista. No estamos en igualdad de condiciones. Mucha gente se está quedando sin comer y sin acceso al Ingreso Mínimo Vital por racismo institucional", declara la creadora de la iniciativa.
Fueron más de 1.000 las ONG y colectivos que se unieron durante el confinamiento bajo la campaña #RegularizacionYa para solicitar de manera urgente la regularización de migrantes durante la pandemia de la covid-19.
Estas organizaciones ponen el foco en la urgente necesidad de que la situación de las personas que integran este colectivo sea regularizada, ya que las casi 600 mil personas que se encuentran en situación administrativa irregular se han quedado fuera de las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la emergencia sociosanitaria que asola nuestro país, lo que ha provocado un incremento en la desigualdad y la precariedad en sus condiciones de vida.
"No nos callarán nunca, nunca más. Nos han robado el derecho de voto. Nos roban derechos ciudadanos. No nos robarán el de manifestarnos". Esta es la frase con la que se presenta la página web que reúne todas las iniciativas impulsadas por Safia. Iniciativas que pretenden abordar las necesidades de las personas migrantes en España.
La primera campaña que creó Safia junto a su compañero Ahmed fue #VotarEsUnDerecho. Se trata de una iniciativa que pretende otorgar la posibilidad de votar a quienes se les ha negado este derecho, mediante la cesión del voto de quienes no quieren votar, pero sí tienen la posibilidad.
Safia también ha impulsado las campañas #TeCedoPadrón y #TeCedoUnaCita, con el objetivo de agilizar los trámites relacionados con extranjería. Ambas iniciativas se basan en la cesión de citas por parte de voluntarios, para que las personas migrantes puedan acceder a ellas.
Según la ley, puedes empadronarte aunque no tengas domicilio, pero muchos ayuntamientos no lo cumplen. Detrás de esta situación, existen mafias que llegan a cobrar por un padrón.
Sin padrón, no hay tarjeta sanitaria. Sin padrón, no hay papeles, no hay derechos. La iniciativa #TeCedoPadrón creada por Safia junto al sindicato de Ciudadoras Sin Papeles ofrece acompañamiento al ayuntamiento a las personas que se encuentren en esta situación, para conseguir empadronarles. Después, reciben un contacto para tramitar las tarjetas sanitarias.
Iniciaron también la campaña #TeCedoUnaCita con el objetivo de ayudar y agilizar el proceso para quienes necesitan tener una cita para cualquier tramite de extranjería. Conseguir una cita para renovar el NIE, o cualquier tramite similar, no es sencillo. Abogados y mafias hacen negocio con dichas citas, llegando a venderlas desde 60 a 600€.
Los derechos de las personas migrantes se han convertido en productos que compran y venden. Les venden citas, la nacionalidad y contratos de trabajo, a la vez que les roban derechos fundamentales, como el derecho al voto, a solicitar el NIE o el padrón. "Nos quieren tener indocumentadas. Nos quieren calladas. Silenciadas", sentencia Safia.