La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:
Debe prestar también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
Cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.
Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y que fluyen oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y merced de sus aprehensores.
Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan .
La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.
La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social.
Las graves privaciones económicas que a menudo acompañan a una desaparición ver con más frecuencia a las mujeres, además, son las mujeres las que están más a menudo al frente de la lucha para solucionar las desapariciones de miembros de su familia. A ese título pueden sufrir intimidación, persecución y represalias. Cuando las mujeres son las víctimas de desapariciones, se hacen particularmente vulnerables a la violencia sexual y de otro tipo.
Los niños también pueden ser víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente. La desaparición de un niño contraviene claramente varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso su derecho a una identidad personal. Privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violar gravemente sus derechos.
Las comunidades están directamente afectadas por la desaparición de sostén de la familia, y la degradación de la situación de las familias económicas y su marginación social.
La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas , proclamada por la Asamblea General en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, como conjunto de principios que deben ser aplicados por todos los Estados, se producen desapariciones forzadas siempre que:
«Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y queluego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas oa reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. »
Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber "desaparecido" de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y merced de sus aprehensores. Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son:
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, así como sus familias:
Tanto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional , que entró en vigor el 1 de julio de 2002, como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas , aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, que cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una «desaparición forzada», ésta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá. Se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos.
El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A / RES / 65/209, expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.
Asimismo, la resolución acoge con beneplácito la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y decide declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.
INFORMACIÓN: WEB: NACIONES UNIDAS
POR EL RESPETO Y LA ATENCIÓN NECESARIA AL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL COMO ACCIÓN PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES Y EDUCADORAS SOCIALES.
Atendiendo a peticiones realizadas por diferentes estamentos socioeducativos y un número significativo de egresados del Grado de Educación Social, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y al continuo intrusismo profesional que la figura del Educador y la Educadora Social sufre aún en la actualidad, queremos realizar las siguientes consideraciones:
Los estudios que llevan a la consecución del Título Universitario de “Educador y Educadora Social” están regulados desde el año 1991, concretamente por medio del Real Decreto 1420/1991 de 30 de agosto, por el que se establecía, en su momento, el título universitario oficial de Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudio conducentes a la obtención de aquél. Hablamos, por lo tanto, de una titulación fuertemente instaurada en nuestro país, hace más de 30 años, realizando una oferta formativa específica, relacionada con los ámbitos de trabajo que son competencia del educador y la educadora social, con el objetivo de ofrecer la oportunidad de adquirir una formación específica para esta figura profesional. Además, en concreto, en la Universidad de Málaga, se trata de unos estudios universitarios instaurados desde el curso 2003-2004, que posee una trayectoria académica, formativa y de investigación de más de 18 años que puede comprobarse gracias al trabajo ingente y específico de estos profesionales, y a la gran cantidad de investigaciones que sobre esta rama profesional se producen en esta facultad.
A esto habría que añadir una amplísima y extensa tradición profesional representada por educadores y educadoras sociales, cristalizada e implementada en multitud de prácticas educativas cotidianas, apoyadas en un Código Deontológico Profesional y reflejadas en ámbitos de representación y de investigación social a nivel local, autonómico y nacional como son el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social, etc.
Teniendo en cuenta lo expuesto, queremos hacer constar que la Educación Social posee un cuerpo propio de conocimiento y de ámbito de actuación profesional, canalizados en los estudios del Grado referenciados, que nos indican que existen una serie de competencias específicas que deben adquirir aquellas personas que opten a la titulación de Graduado en Educación Social. Estas competencias vienen definidas por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad de la siguiente manera:
• Conocer y comprender de forma crítica las bases teóricas y metodológicas que desde perspectivas pedagógicas, sociológicas, psicológicas sustentan los procesos socioeducativos, así como los marcos legislativos que posibilitan, orientan y legitiman la acción del Educador y Educadora social.
• Analizar, conocer y comprender las funciones que cultural e históricamente ha ido adquiriendo la profesión de Educador y Educadora Social, así como las características de las instituciones y organizaciones en las que desempeña su trabajo, con objeto de configurar su campo e identidad profesional.
• Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la realidad sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad socioeducativa y la promoción de la intervención.
• Diseñar, planificar, gestionar y desarrollar diferentes recursos, así como evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención socioeducativa, participación social y desarrollo en todos sus ámbitos. • Dirigir, gestionar y coordinar organizaciones, centros e instituciones socioeducativas.
• Mediar e intervenir, asesorando, acompañando y promocionando a personas y grupos en situación de necesidad.
. Adquirir las habilidades, destrezas y actitudes para la intervención socioeducativa.
• Afrontar los deberes y dilemas éticos con espíritu crítico ante las nuevas demandas y formas de exclusión social que plantea la sociedad del conocimiento a la profesión del educador/a social.
Con esta realidad expuesta tanto a nivel formativo-académico como profesional, queremos manifestar sin lugar a duda que la Educación Social es una profesión pedagógica, con un corpus teórico que le es propio y unos ámbitos profesionales claramente definidos. Teniendo en cuenta esto, deseamos expresar nuestra honda preocupación ante las continuas situaciones que se repiten de intrusismo profesional en este ámbito laboral (el último en referencia a una convocatoria de plazas públicas realizadas por el Ayuntamiento de Málaga donde, para el puesto de Educador y Educadora Social se pide como requisito estar en posesión de cualquier titulación universitaria, por lo que se priva de esta forma a la ciudadanía de recibir una atención educativa cualificada), menospreciando el Grado de Educación Social, la propia figura profesional de los educadores y educadoras sociales, y realizando un preocupante agravio comparativo respecto de otras profesiones que gozan de un reconocimiento (merecido) y que solicitamos también, a quien corresponda, para la Educación Social. Por todo ello, solicitamos que las administraciones públicas garanticen un servicio de calidad a los ciudadanos incorporando a sus plantillas profesionales con la titulación requerida y no dotando los puestos de educadores/as sociales con profesionales que no tienen la titulación ni las competencias debidas.
Fdo.:
José Manuel de Oña Cots, Coordinador Grado en Educación Social.
VºBº Rosario Gutiérrez Pérez, Decana de la Facultad CC. Educación de la Universidad de Málaga.
Llevo unos días reflexionando sobre el artículo de Alejandra Borunda “la
sombra que divide” editado en la revista National Geographic del mes de
julio, con fotografías de Elliot Ross, que ha desarrollado un trabajo sobre la
resiliencia y adaptación climática de las comunidades indígenas en Alaska.
Alejandra Borunda base su trabajo en la ciudad de Los Ángeles, la misma que
planificó su construcción para que esa fuese al sol, dejando la sombra de lado,
pero con el cambio climático resulta que el sol ya no es una prioridad, así que
ahora se están planteando idear la construcción con referencia a las sombras
con el fin de que la gente no sufra el aumento considerable de las
temperaturas.
Todas las ciudades, incluidas Los Ángeles, se diseñan para dar vida a los automóviles,
sin tener en cuenta a las personas y su entorno vegetal, con prioridad del
asfalto y el hormigón, espacios por donde la gente camina sobre temperaturas altísimas
que perjudican seriamente a su propia salud.
En los barrios ricos de las ciudades se concentran la mayor proporción de
sombras, en esos lugares el vecindario se permite cuidar de los árboles por su
elevado poder adquisitivo, por el contrario, en los barrios más pobres, el no
cuidado y la falta de inversión pública se plasma en la falta de cobertura verde
y por lo tanto la falta de sobras.
El diseño urbanístico de las últimas décadas deja a los barrios pobres con
amplias avenidas y acera estrechas, eliminado todo tipo de vegetación que
dificulte el tráfico, no es así en los barrios ricos.
El medio rural tampoco se escapa al modelo inquisidor de las ciudades, así
vemos que han desaparecido los árboles de grandes copas en las plazas de los
pueblos, entorno de encuentro para la comunidad que buscaban sus sombras en los
meses caluroso. En este olvido de los grandes árboles, algunas veces muertos
por enfermedades, pero otras simplemente por cubrir de asfalto y cementos para
aparcamientos.
Otra vez los colectivos más frágiles y vulnerables tienen que sufrir, esta
vez no es la falta de trabajo, es la influencia del cambio climático al vivir
en barrios sin vegetación.
Los Educadores y Educadoras Sociales como profesionales que trabajan con,
para y desde la comunidad, deben intervenir para mejorar la calidad de vida de
todas las personas, sensibilizar que otro desarrollo y sostenible es posible,
sin distinción de barrios ni pueblos de primera o de segunda. El derecho a
tener sombras y frescor debe estar al alcance de todos y todas.
El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León ha presentado aportaciones al Anteproyecto de Ley que regula el modelo de atención residencial para cuidados de larga duración en Castilla y León, haciendo especial hincapié en apostar por la estrategia focalizada en la Atención Centrada en la Persona, en reforzar los lazos imprescindibles entre Educación y Envejecimiento de manera que se supere la mirada sanitaria y de cuidados más inmediatos que hay en la actualidad, para favorecer la atención integral desde la dignidad de la persona en todas sus necesidades vitales. (Enlace al documento)
Por otro lado y conociendo la existencia de procesos de negociación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, se ha remitido tanto a Función Pública como a Gerencia de Servicios Sociales, solicitud de creación de la categoría profesional de “Educador/a social” en la clasificación profesional Grupo II de los futuros convenios colectivos, algo que podrá ser utilizado por la representación sindical en las respectivas mesas negociadoras. (Enlace al documento)
Fuente El Universal. Ilustración Dante De La Vega
Artículo de Sheila Álvarez de la web Afroféminas "Nuestra sola existencia es resistencia"
¿POR QUÉ DICEN “MENAS” CUÁNDO HABLAMOS DE INFANCIA?
NO A LA VIOLENCIA EJERCIDA EN POLÍTICA CONTRA LA INFANCIA
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, como órgano de representación de miles de profesionales de la Educación Social en el Estado, responsables de la educación y la protección de la infancia y la adolescencia, manifiesta su más absoluto rechazo a la campaña de odio vertida desde el partido político de la ultraderecha más retrógrada y conservadora, contra la integridad y la salvaguarda de niñas, niños y adolescentes, por el simple hecho de ser de origen inmigrante.
Como colectivo profesional tenemos claro que estamos nuevamente ante un delito de odio, ya que no es la primera vez que este partido político utiliza a la infancia y a la adolescencia para infundir miedo y centrar su discurso racista y fascista a posibles votantes que desconocen por completo las terribles causas de pobreza que hacen que se jueguen la vida, literalmente, para llegar a nuestro país, poder formarse, trabajar y tener un futuro digno.
Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, política y a los medios de comunicación para que dejen de usar el acrónimo MENA, utilizado por racistas para infundir odio contra la infancia más vulnerable, y les pedimos encarecidamente que hablemos de infancia y adolescencia, qué es lo que realmente son, y recordemos que, como sociedad avanzada, debemos proteger a la infancia, provenga de donde provenga, respetando así la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en la que se contemplan los derechos de protección, de provisión y de participación, sustentados en principios fundamentales como la no discriminación, el interés superior del/de la menor, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo y el derecho a la participación en nuestra sociedad.
Es responsabilidad de toda la sociedad denunciar los delitos de odio promulgados por un partido político que tiene representación parlamentaria y que infunde mensajes en contra de nuestros valores democráticos y pedimos que se actúe a nivel político y judicial contra esta forma de criminalizar al diferente y más vulnerable.
Comunicado del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales
En agosto de 2020, una cuidadora abrazando a Rosa, de 85 años, en un asilo en Sao Paulo. Su primer abrazo en cinco meses. Debido a la pandemia, todos los hogares de ancianos de Brasil impusieron medidas estrictas y prohibiciones de visitas. El danés Mads Nissen capturó este momento y fue galardonado por la mejor imagen en la sección de noticias puntuales y también por la foto del año.
Historiador y especialista en la obra y legado de Gandhi
Conocí personalmente Arcadi Oliveres en Mumbai en 2004, durante el W.S.F. (Foro Social Mundial). Fue mi primera estancia en India, aprovechando que algunos de los temas planteados durante las sesiones del Foro estaban relacionados con la vida y el legado de Mahatma Gandhi. También era una oportunidad de conocer un país por el cual me siento atraído desde hace años y de asistir a reuniones y conferencias dedicadas a una de las personalidades que me han interesado y me interesan más, y a la cual he dedicado —y dedico todavía— mi estudio.
Allí encontré a Arcadi, acompañado de otros miembros de Justícia i Pau, una entidad que él presidía, en medio de un ambiente de cierta euforia colectiva, que era la que se vivía en aquellos años en los movimientos altermundialistas. Años de afanes para buscar alternativas de alcance mundial en un mundo cada vez más en crisis. Fue mi primer contacto directo con su afabilidad.
Después de esto fuimos coincidiendo en determinadas ocasiones, muchas menos de las que me habría gustado. Entre otras muchas afinidades, teníamos en común el interés por Gandhi. Arcadi era un pacifista convencido. Según ha explicado en su última entrevista, había heredado esta convicción profunda de su entorno familiar, especialmente de su padre, y también de Lluís Maria Xirinachs, que fue profesor suyo. Se implicó bien pronto en los movimientos de protesta contra el franquismo, participando en la fundación del SDEUB (el Sindicat Democràtic de la Universitat de Barcelona). Su conciencia, de raíz cristiana progresista, lo llevó a rechazar claramente el militarismo, una actitud que ha mantenido hasta el final de su vida.
Pero su pacifismo —y en esto hay algún punto de comparación con Gandhi—tenía también una base profundamente social. A menudo afirmaba que no puede haber paz sin justicia, si hay explotación. Una de las entidades que presidió, como he dicho, fue Justícia i Pau, que combina estos dos aspectos. Su crítica radical del capitalismo lo llevó a estudiar el entramado del poder económico y las complicidades que existen dentro de las instituciones y entre sus cargos dirigentes. Era un placer, aparte de muy instructivo, oírle explicar, sin renunciar a cierta ironía, las conexiones entre los poderes económicos y las instituciones políticas, tanto a nivel del Estado español, como de Europa y el mundo. Y lo hacía de una manera didáctica, abierta y amena, cautivando como pocos lo sabían hacer. Por eso era tan solicitado en los institutos y centros de enseñanza: por esta combinación de rigor, información y didáctica.
Arcadi Oliveres ha sido una persona comprometida con todas las causas que ha considerado justas. Uno de los momentos en los que su actividad transcendió más fue durante el 15-M y el movimiento de los indignados, en 2011. Hablando en las plazas, en los institutos, a las entidades vecinales, y de todo tipo. Desarrolló una actividad frenética, propugnando siempre la importancia de la no violencia, de la cual era un convencido defensor.
Su figura, de apariencia física frágil pero de una gran firmeza ética, se hizo familiar para miles de personas. Dos años más tarde fue el principal impulsor, junto con la monja benedictina Teresa Forcades, de la entidad Procés Constituent, que pretendía vincular la defensa de los derechos y la justicia social con el derecho a la autodeterminación de Catalunya, en la mejor tradición de los movimientos y teorías que han sido conscientes que derechos sociales y derechos democráticos no pueden ir separados.
Arcadi se había declarado independentista, pero su independentismo no era del tipo del nacionalismo conservador que se proyecta a menudo con un lenguaje agresivo en relación a otros pueblos, sino que buscaba la libre fraternidad entre todas las comunidades y países, en cualquier contexto. Y para él, ninguna liberación nacional se podía llevar a cabo al margen de la justicia social, o posponiéndola.
Hay otras muchas causas que Arcadi abrazó e ideas que defendió. Por supuesto, la defensa de los derechos humanos en general, pero también la necesidad de avanzar hacia una sociedad sensible con el medio ambiente y la ecología, y que abandone el despilfarro. En definitiva, que aborde los retos ecológicos y climáticos que tenemos planteados. Por eso había asumido y defendía, también, las teorías sobre el decrecimiento económico, junto a una redistribución de la riqueza que cubra las necesidades básicas de toda la gente. Y se podrían destacar todavía muchas más.
A diferencia otras personas públicas vinculadas a todos estos movimientos sociales, Arcadi no tenía ambiciones políticas. De hecho, parecía interesarle bien poco la política partidista y, mucho menos todavía, la burocracia de los aparatos. Recuerdo, de primera mano, el descanso que indisimuladamente experimentó cuando en una asamblea de Procés Constituent se decidió no formar parte de una candidatura para las elecciones al Parlament del año 2015, dentro de una coalición para la cual él estaba propuesto para encabezar la lista.
Confesó que había pasado algunas noches sin dormir ante esta expectativa que, por otro lado, hubiera asumido sin duda por razones de responsabilidad, pero que no perseguía. Él prefería la libertad de aquel que se encuentra comprometido en la difusión de la defensa de la justicia social y los derechos y deberes fundamentales más que en vida política partidaria, a menudo tan decepcionante. Seguramente por eso todas las fuerzas sociales y políticas con vocación transformadora, lo tenían como un referente a quién acudir y pedir colaboración, lejos del sectarismo y con una gran autoridad moral.
Su carácter bondadoso y sencillo hacía que no buscara el protagonismo; no tenía ningún afán en este sentido, no cabe duda. Esto no quiere decir que no estuviera satisfecho y, quizás contento, de verse tan valorado y querido. Los seres humanos necesitamos y nos gusta ser reconocidos y valorados. Negarlo seria incurrir en una falsa humildad. Pero una cosa es este sentimiento legítimo y otra es la desmesura o la obsesión por estar en primera página. Si se me permite el lenguaje sencillo, Arcadi no hubiera dado nunca codazos ni "conspirado" para lograr protagonismo. Tampoco lo necesitaba. Es lo que tiene poder sentirse querido y valorado de manera espontánea. He tenido la suerte de conocer y compartir experiencias con algunas personas con este talante, desgraciadamente, muy pocas.
Todo el mundo hablará de Arcadi como de un referente que echaremos de menos, y es muy cierto. Vivimos tiempos convulsos, inciertos y de cierta pobreza moral y ética. En momentos así se hacen más necesarias que nunca las personas como él. En periodos de desconcierto aparecen liderazgos demagógicos y poco honestos en todas partes; en unos casos declaradamente deshumanizadores y de ideologías totalitarias y xenófobas, predicadoras del odio. En otros, pseudo-liderazgos caracterizados por la mediocridad y el tacticismo, para arañar algunos apoyos y votos que les lleven a esferas de poder o de influencia. Y en estas situaciones, el papel de los testimonios rigurosos en favor de la justicia social, la libertad y la paz, así como de activistas cargados de humanidad y liberados de sectarismos, se vuelve indispensable para buscar las salidas que nos hagan avanzar como humanidad.
Arcadi Oliveres destacaba entre estos. Por eso lo encontraremos tanto a faltar.
Comienza Miguel Delibes
su libro “El mundo en la agonía” diciendo que su contenido constituye un
llamamiento a la cordura y a la necesidad de dar al progreso un enfoque que
conceda prioridad, ante todo a la vida, a la solidaridad entre las personas y a
la concordia con la Naturaleza. En ese mundo que describe Miguel Delibes, en
ese mismo espacio se mueven Educadores y Educadoras Sociales que desarrollan
su trabajo como si de la pista central de un circo se tratase, la misma en la
que cuelga el trapecio a más de diez metros de altura, muestra una total
seguridad, pero hasta el mejor salto entrenado mil veces puede fallar.
En el año 2009, Slavoj Zizek, filósofo esloveno, en la Conferencia
Internacional de Marxismo en Bloomsbury, Londres, dicta un discurso en base a
una pregunta que se vuelve esencial en estos momentos actuales, ¿qué significa
ser un revolucionario hoy en día?.
A la contestación de qué es ser revolucionario hoy día, lo hace el
escritor y activista uruguayo Raúl Zibechi, que ha trabajado con los movimientos
sociales de Latinoamérica, diciendo que es luchar colectivamente para
transformar la sociedad, es ser solidario, ser cuidadoso con el medio ambiente,
es pensar no en el hoy, sino en las generaciones futuras, …
Si como Educadores y Educadoras Sociales tenemos en cuenta aquellos
principios básicos que nos mejoran como profesionales de lo social, de ellos
mismos sacaremos nuestro quehacer revolucionario. Así tendremos que tener en
cuenta los Derechos Humanos, una acción socio-educativa que facilitará a las
personas ser protagonistas de su propia vida, la justicia social, la
participación comunitaria, etc.
Partimos de esta manera en que la Educación Social se implica en generar
cambios ante las injusticias sociales y ser mediador entre los colectivos más
frágiles y aquellas personas que puedan desarrollar recursos para acercarnos a
un bien común. Así nuestros valores como Educadores y Educadoras Sociales nos
llevan a implicarnos a través de nuestra práctica profesional y favorecer con
nuestra intervención a toda la población en general y en particular a las que
presentan mayores dificultades para ayudarle a salir adelante.
La Educción Social es revolucionaria pues práctica el decrecimiento, la
igualdad, el desarrollo sostenible, la tolerancia, el acompañamiento a las
personas en los procesos de desarrollo personal y realización de un proyecto de
vida, la inteligencia emocional, la solidaridad, en mediar ante los conflictos,
la protección de la naturaleza, el prevalecer lo comunitario ante los
individual, la educación por la paz y la no violencia, la diversidad sexual y
de género,…
“Cambia el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía… ¡Sino
justicia!
Samel N.P.
CONVOCATORIA DE BOLSA DE EMPLEO DE LA ESCALA DE EDUCADORES SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN El 29 de febrero de 2012, el BOCYL publicaba una modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, para incluir la Escala de Educadores Sociales dentro del Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas del Grupo B.
Esta publicación es el resultado de las actuaciones del CEESCYL y de su Servicio Jurídico para el reconocimiento de la profesión de educador y educadora social en Castilla y León, a través de un proceso judicial previo iniciado en el 2008 frente a la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León.
Los Cuerpos de Administración Especial, según la Ley de la Función Pública de Castilla y León, son aquellos a los que les corresponde el ejercicio de funciones propias de una profesión, en atención a la titulación específica exigida para su ingreso; por lo que desde ese momento existía legalmente la posibilidad de que la Administración autonómica convocara plazas para ese Cuerpo de Administración Especial, ajustándose a las características y exigencias de titulación de dicha Escala, antes inexistente. Desde entonces el CEESCYL ha estado trabajando para que la Junta de Castilla y León dotara de contenido efectivo este reconocimiento legal.
Hoy, 9 de marzo de 2021 es un día grande para los Educadores y Educadoras Sociales de Castilla y León. El BOCYL publica la ORDEN PRE/237/2021, de 1 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, Escala de Educadores Sociales de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Para formar parte de esta bolsa de empleo temporal, los interesados deberán formalizar la inscripción, realizar la autobaremación de méritos y elegir la zona o zonas en las que desearía trabajar, para ello deberán acceder a la aplicación informática habilitada al efecto en el portal de empleados públicos https://empleopublico.jcyl.es.
Acceso a la inscripción AQUÍ. El plazo se abre el 10 de marzo de 2021. Fecha de corte: Formarán parte de la bolsa de empleo los aspirantes que se encuentren inscritos en la misma el día 14 de abril de 2021 o, si éste fuera inhábil, el primer día hábil siguiente.
Agradecemos, especialmente, el trabajo de los compañeros y compañeras de las distintas Juntas de Gobierno y de nuestro servicio jurídico que pusieron las bases para que esta convocatoria sea hoy una realidad en Castilla y León, así como el reconocimiento y agradecimiento a la Administración de la Comunidad de Castilla y León ante su apuesta por una intervención socioeducativa de calidad.
Junta de Gobierno Valladolid, 9 de marzo de 2021
