La Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos (UGT, CCOO y Cecale) han pactado flexibilizar y mejorar la Renta Garantizada de Ciudadanía, medidas que deberán materializarse con la aprobación de un decreto. A su vez, sus medidas serán consensuadas con los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León.
Ayer se celebró la primera reunión prevista de la mesa del Dialogo Social en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, en la que además de los representantes de los agentes económicos y sociales, también asistieron responsables de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Empleo y Economía y Hacienda, bajo la presidencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.
La Renta Garantizada de Ciudadanía, según informa la Junta, es una prestación que se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social de las personas.
Desde su puesta en marcha en 2011 ha atendido a casi 56.000 personas y contará en 2016 con un presupuesto de 69 millones de euros, un 25,52 por ciento superior al de 2015. Dentro del Diálogo Social se quieren seguir dando pasos para mejorar las condiciones de acceso a esta prestación, cuya aprobación y posteriores mejoras han sido fruto del acuerdo del Diálogo Social.
Además, también se asegura que el objetivo de esta mesa de Dialogo Social es la búsqueda de posibles acuerdos o medidas que modifiquen la normativa de Renta Garantizada de Ciudadanía, con el objetivo de flexibilizar el acceso a esta prestación, facilitar el retorno a la prestación una vez finalizada la actividad laboral y potenciar el acceso al empleo de los beneficiarios de la renta como mejor instrumento para lograr su inclusión social. Los primeros acuerdos alcanzados en esta reunión del Diálogo Social se refieren a que las partes «han manifestado su voluntad de abordar e intentar alcanzar acuerdos que mejoren el acceso y la cobertura de esta prestación esencial para las personas y familias más vulnerables por carecer de recursos económicos».
Por otro lado, el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León presentó ayer al Grupo de Enlace, donde están representadas las organizaciones más representativas del Tercer Sector, las primeras conclusiones de un informe a iniciativa propia sobre el Estado de Bienestar que detecta una escasa coordinación entre el sistema de salud y los servicios sociales. El CES ha pedido mejorar también la Renta de Ciudadanía.
Noticia: Diario de León, 31 de octubre de 2015
