Los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía deben residir en la comunidad, tener entre 25 y 64 años y acreditar su situación económica.
La Junta de Castilla y León aprobará hoy en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley que regulará la denominada Renta Garantizada de Ciudadanía, dotado con unos 425 euros mensuales, que percibirán personas que se encuentren en situación de «exclusión social».
Los beneficiarios de este derecho subjetivo que tiene su origen en la reciente reforma del Estatuto de Autonomía, que preveía su puesta en marcha, deberán cumplir como requisitos básicos ser ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años, aunque también podrán ejercer este derecho los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la comunidad desde otra autonomía de España.
Esta renta tiene la consideración de «familiar», por lo que figurarán como beneficiarios tanto el titular como los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia, según explicó la Junta.
La estimación de 425 euros se ha calculado porque el anteproyecto fija la cuantía en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en cada ejercicio económico, que asciende a 532 euros en el presente 2010.
Sin embargo, el anteproyecto prevé que a esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación, que equivaldrá al 25% de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes.
Según la información de la Junta, el contenido del anteproyecto es «fruto del consenso», ya que fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social.
El texto se refiere a esta renta como «la última red de protección» para las personas que se encuentran en «exclusión social», con el objetivo de proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en esta situación.
Esta normativa extiende el concepto de exclusión social, sin referirse a «procesos individuales de marginación» a todas aquellas personas que de forma objetiva tengan «ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado». No obstante, el texto distingue entre situaciones de exclusión social estructurales -”exclusión crónica-” y coyunturales -”causadas por la pérdida temporal de ingresos. Para superar esa situación de exclusión, el anteproyecto prevé el diseño de un «proyecto individualizado de inserción» para alcanzar la integración social, y que incluye las obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante.
Los beneficiarios de este derecho subjetivo que tiene su origen en la reciente reforma del Estatuto de Autonomía, que preveía su puesta en marcha, deberán cumplir como requisitos básicos ser ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años, aunque también podrán ejercer este derecho los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la comunidad desde otra autonomía de España.
Esta renta tiene la consideración de «familiar», por lo que figurarán como beneficiarios tanto el titular como los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia, según explicó la Junta.
La estimación de 425 euros se ha calculado porque el anteproyecto fija la cuantía en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) vigente en cada ejercicio económico, que asciende a 532 euros en el presente 2010.
Sin embargo, el anteproyecto prevé que a esta cuantía básica hay que añadir un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación, que equivaldrá al 25% de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes.
Según la información de la Junta, el contenido del anteproyecto es «fruto del consenso», ya que fue acordado el pasado 28 de diciembre de 2009 en el Consejo del Diálogo Social.
El texto se refiere a esta renta como «la última red de protección» para las personas que se encuentran en «exclusión social», con el objetivo de proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que se encuentran en esta situación.
Esta normativa extiende el concepto de exclusión social, sin referirse a «procesos individuales de marginación» a todas aquellas personas que de forma objetiva tengan «ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado». No obstante, el texto distingue entre situaciones de exclusión social estructurales -”exclusión crónica-” y coyunturales -”causadas por la pérdida temporal de ingresos. Para superar esa situación de exclusión, el anteproyecto prevé el diseño de un «proyecto individualizado de inserción» para alcanzar la integración social, y que incluye las obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante.
Noticia: Diario de León, 22 de abril de 2010.
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